Diferentes bancadas del Congreso de la República estarían gestando nuevas estrategias para desnaturalizar el carácter excepcional y temporal del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem)— que permite a las empresas y negocios dedicados a la pequeña minería y minería artesanal formalizarse a fin de combatir la minería ilegal.
La economía ilegal capaz de mover más recursos que el narcotráfico en el país. Pues, ha conseguido generar más de 22 mil 700 millones de soles al año, equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Así lo señala el estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” realizado por la consultora V&C Analistas, por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe).
Por ello, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo, la sociedad civil y la comunidad internacional a mantenerse alerta sobre los riesgos que suponen dichos proyectos de ley, los fiscales especializados en materia ambiental (FEMA) en Madre de Dios —una de las regiones con mayor número de mineros en proceso de formalización— advirtieron que su aprobación “resulta perjudicial para la sostenibilidad del país” y beneficia a la actividad ilegal.
Las bancadas del Congreso involucradas
Específicamente, los fiscales en materia ambiental han expresado su rechazo al dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2172, 2519, 3621 y 5171. Estos son impulsados por el expresidente del Congreso, José Williams Zapata, de la bancada Avanza País; Jorge Marticorena, de Perú Bicentenario; Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular; y Guido Bellido, también de Perú Bicentenario.
De acuerdo a los representantes del Ministerio Público en Madre de Dios dichas iniciativas legislativas, buscan abrir nuevamente el Reinfo y establecer nuevas condiciones para su acceso, desincentivando la formalización y contribuyendo a mantener a los mineros ilegales amparados en la formalización.
“Llevamos, desde 2002, un proceso de formalización eterno, donde los operadores, asesores y representantes de los mineros informales aducen lo ‘complejo del proceso’ como una imposibilidad para lograr la formalización, cuando a la fecha hemos visto que existen mineros que han logrado resultados”, manifestaron los fiscales en su pronunciamiento.
En esa línea, cabe recordar que, en los últimos 20 años, el proceso de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal ha sido aplazado hasta en cuatro oportunidades, desde que se inició este procedimiento, en 2002. Así lo recordó el mes pasado el abogado especializado en delitos ambientales, César Ipenza Peralta, en una entrevista para Inforegión.
“La idea, en su momento, era que el Estado brinde las condiciones e incentive a que los mineros se formalicen, pero si cada cierto tiempo van a seguir abriendo el Reinfo para que ingrese más gente nueva, los gobiernos regionales —que son los responsables de formalizar— nunca van a poder cumplir ese objetivo, porque continúan recibiendo más mineros”, señaló el especialista para la Agencia de Prensa Ambiental.
“Esta situación incrementa el impacto sobre el ambiente y la sociedad, ya que son empresas que, en la práctica, no tienen ningún instrumento ambiental ni mecanismos de control, pero siguen operando y destruyendo el patrimonio de todos nosotros”, agrega Ipenza.
Alerta: uno de estos proyectos de ley ya fue aprobado
En su comunicado, los fiscales también manifestaron su preocupación tras conocerse la reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas de aprobar, por insistencia, el dictamen emitido sobre el proyecto de ley 2715-2021.
Este ha sido presentado por el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso —el único legislador por Madre de Dios en el Parlamento— y pretende modificar el Decreto Legislativo 1100, encargado de regular la interdicción de la minería ilegal en el país.
Con la iniciativa del legislador se busca destinar a los gobiernos locales y regionales los bienes, maquinaria, equipos e insumos decomisados durante las acciones de interdicción para supuestos fines de desarrollo local y regional.
No obstante, los fiscales especializados refieren que el dictamen: “atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el carácter reservado de estas operaciones, puesto que todo operativo de interdicción tendría que ser previamente comunicado y coordinado con los gobiernos regionales y municipales, y de no darse estas condiciones logísticas tendrían que ser frustrados”.
Por tal motivo, exhortan al Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, respectivamente, a no aprobar esta normativa.
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