Hildebrandt anuncia que Rafael Vela y José Domingo Pérez serán destituidos para que se favorezca a Keiko Fujimori

El fiscal superior Rafael Vela Barba brindará sus descargos —de manera oral, por el plazo de diez minutos y en una audiencia virtual— este viernes contra la suspensión de ocho meses y 15 días que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público le impuso por presunta “inconducta funcional” al cuestionar la decisión del Poder Judicial de excarcelar a Keiko Fujimori en el 2020.

A pesar de que el coordinador del equipo especial del caso Lava Jato tendrá la ocasión de defenderse, su suerte ya estaría echada. El periodista César Hildebrandt adelantó en su tradicional podcast de los lunes por la noche que la sanción contra Vela Barba se mantendrá de todas maneras y no habrá ninguna variación.

“Ya es un hecho. Puedo anunciarles que alrededor del 16 o 17 [de noviembre], al parecer, nos confirman la suspensión de ocho meses. [Rafael Vela] Él ha apelado, pero lo van a rechazar. Entonces, se va [del Ministerio Público]”, indicó. Sin embargo, Vela no sería el único porque el siguiente sería el fiscal provincial José Domingo Pérez y la fiscal superior Marita Barreto.

“Después sigue José Domingo Pérez. Y, probablemente, Marita Barreto que sería la coartada para que no se diga que es cierta gente de una tendencia”, agregó.

El director del semanario Hildebrandt en sus Trece concluyó que estas movidas en el Ministerio Público tendría el claro trasfondo de favorecer a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien está cerca a afrontar el juicio oral por los aportes ilegales que recibió de la constructora Odebrecht durante su campaña electoral del 2011.

“El objetivo es que, al final, venga otro coordinador y equipo para favorecer a la señora Keiko Fujimori”, anotó.

La Fiscalía ha solicitado que Fujimori Higuchi reciba una condena de 30 años y 10 meses de prisión efectiva porque habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

En esta trama de corrupción también a Pier Figari y Ana Herz, quienes fueron los más estrechos colaboradores de la lideresa de Fuerza Popular para recoger el dinero de los aportes de los empresarios de manera ilícita.

Ciertamente, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez han sido objeto de diversos procesos disciplinarios a lo largo de este año.

En octubre pasado, a ambos integrantes del equipo especial del caso Lava Jato les abrieron una indagación por las declaraciones que dieron sobre la presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante las diligencias para extraditar al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por recibir 30 millones de dólares para entregar la licitación de los tramos dos y tres de la Carretera Interoceánica, desde Estados Unidos.

“¿Cuál es el papel que cumple la fiscal (de la Nación)? Es un expresidente, pero ¿cuál es su intervención?” fue la pregunta. Vela respondió lo siguiente: “Ninguno desde el punto de vista procesal porque el caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez como fiscal y del juez Richard Concepción Carhuancho que es el juez de investigación preparatoria que está controlando el contenido de la acusación”.

De otro lado, a los dos fiscales también se les acusa de revelar detalles del proceso reservado del caso Ecoteva en medios de comunicación y por mostrar su postura en contra de que se le dicte prisión domiciliaria a Toledo.

A raíz de estas acciones, el fiscal Barba no ha tenido reparo en señalar que detrás de las mismas hay intereses de sectores políticos. En esa línea, dejó entrever que Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y José Luna Gálvez están muy interesados en verlo fuera del Ministerio Público.

“[Como parte de la instrumentalización de la política con fines personales] puede subyacer la búsqueda de retirar a los fiscales que están liderando las investigaciones o que tengan que sustentar las acusaciones de casos de criminalidad organizada, que alcanzan a políticos con representación parlamentaria. Algunos de ellos son los investigados Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, José Luna Gálvez”, dijo al diario El Comercio.