La contratación de Rosa Rivera Bermeo, una de las amigas del premier Alberto Otárola, se habría realizado en medio de irregularidades en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Como es público, el programa Panorama informó que ella obtuvo dos órdenes de servicio con esta entidad por la suma de 54 mil soles.
El 10 de marzo pasado es que Rivera Bermeo recibió 27 mil soles por el servicio temporal de coordinación y articulación de actividades interinstitucionales y la segunda se dio el 31 del mismo mes por el mismo concepto y similar cantidad. Todo esto tras visitar a Otárola en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Detrás de las mismas, sin embargo, hay detalles que se detectaron desde la Contraloría general de la República. Infobae Perú accedió a un informe de acción de oficio posterior que da cuenta que unas observaciones en los contratos de Rivera.
“La situación expuesta, evidencia el hecho irregular que, a través de dos adjudicaciones sin procedimiento, se contrató a una persona natural mediante locación de servicios para realizar actividades que no corresponden a dicha modalidad de contratación a pesar que la entidad cuenta con normativa interna que regula las contrataciones menores a ocho UIT, la misma que fue inobservada”, se lee en el documento.
Observaciones
La Contraloría sostiene que la presidencia de Devida solicitó a la gerencia general que se pueda contratar a una persona que ofrezca el servicio temporal de coordinación y articulación de actividades interinstitucionales. En esa línea se planteó como argumento que existía “un incremento de la carga laboral”.
Entre las funciones que el locador de servicios iba a dar se detallan que “iba a brindar apoyo administrativo al jefe de Devida en la planificación, organización y ejecución de actividades interinstitucionales. Además, iba a coordinar con otras entidades públicas en la promoción de actividades y proyectos en el marco de la política nacional de lucha contra las drogas, el seguimiento de acuerdos y resultados obtenidos, y la optimización y calidad de flujo de información que contribuye a mejorar los servicios” de la entidad.
No obstante, la organismo fiscalizador sostiene que para estas tareas ya existen un gabinete de asesores, la secretaría general, la subdirección de promoción y personal administrativo en Devida.
“Se advierte que las características del servicio de la referida locadora, no corresponden o son incompatibles con actividades a ser desarrolladas por un locador de servicio, toda vez que se enmarcan dentro de las actividades y funciones de los antes citados órganos y funcionarios descritos”, se menciona.
La Contraloría advierte que la gerencia general de Devida realizó un proceso de “manera exprés” a fin de otorgarle la orden de servicio a Rosa Rivera en un solo día. Se ejecutaron todas las acciones para su contratación a pesar de que ella mismo desistió por motivos personales.
Respecto al segundo contrato, la entidad indica que “una serie de inconsistencias efectuadas por los servidores responsables a fin de dar cumplimiento a la contratación del servicio”. Además, agrega que la amiga del premier Otárola no llegó a culminar con el trabajo encomendado en Devida porque alegó que no se ajustaban al objeto de la prestación del servicio y no contribuía con su desarrollo profesional. Por ello, Rivera solo cobró S/ 8 197 de los 27 mil como estaba estipulado.
En la conclusión se menciona lo siguiente:
“Se ha advertido hechos con indicios de irregularidad, el cual ha sido detallado en el presente informe, respecto a la contratación mediante locación de servicios a persona natural para realizar algunas actividades subordinadas y permanentes funcionales previstas en el Reglamento de Organización y funciones, manual de organización y Funciones y contratos administrativos de servicios de la entidad, contraviniendo el marco normativo aplicable y afectando el ejercicio transparente de la gestión pública”
Este documento ya ha sido remitido a Carlos Figueroa Hinostroza, presidente ejecutivo de Devida, a fin de que tome las acciones administrativas correspondientes.
Investigación fiscal
Hay que recordar que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra el premier Otárola el 19 de octubre pasado por el presunto delito de colusión, tanto simple y agravada, en calidad de instigador. El caso también salpica a Rivera Bermeo, en calidad de presunta cómplice de colusión simple y agravada, y al presidente y gerente general de Devida.