El equipo especial contra la corrupción del Ministerio Público, liderado por la fiscal Marita Barreto, inició este martes una investigación preliminar contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte por presunta colusión agravada y tráfico de influencias.
Nicanor Boluarte está implicado en la pesquisa junto con Nixon Hoyos, alcalde del distrito cajamarquino de Nanchoc, quien lo visitó en su casa del pasaje Daniel Alomia (San Borja) el último 18 de octubre, según un informe difundido por Cuarto Poder.
Nueve días después, la comuna de esta jurisdicción recibió cerca de 20 millones de soles provenientes de las arcas estatales mediante cinco proyectos de inversión, un monto inferior al que percibieron otros distritos de la provincia de San Miguel, al que Nanchoc pertenece: por ejemplo, a San Bernardino y Chota se les destinó 10 millones de soles, pese a que tienen cinco mil y 151 mil habitantes, respectivamente.
A la cita, que se produjo por los 64 años del hermano de la mandataria, también acudieron Victor Hugo Torres, Edwin Ugarte y los hermanos Antonio y Jorge Chingay.
Todos registran contratos con el Estado y están involucrados en la misma investigación fiscal con el destituido prefecto de Cajamarca, Noriel Chingay, el exfiscal Michael Aranda y Héctor Ugarte, proveedor público desde que la ahora gobernante ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
El burgomaestre de Nanchoc, captado con un regalo en el encuentro de cumpleaños, admitió que uno de los Chingay fue quien le presentó al hermano de la jefa de Estado. El caso ha traído a colación el destape de la vivienda de Sarratea (Breña), donde el exmandatario Pedro Castillo, de quien Boluarte fue vicepresidenta, mantuvo citas con empresarios y allegados tras su elección para decidir, presuntamente, las adjudicaciones de obras y designaciones de funcionarios.
De hecho, el mismo equipo especial que ahora investiga a Nicanor siguió los pasos del exmandatario, acusado de liderar, desde el Ejecutivo, una presunta red criminal que involucró a su círculo familiar.
Las reuniones en la sombra en la casa del pasaje Daniel Alomia datan desde inicios de año. En marzo pasado, Cuarto Poder captó la llegada de Victor Hugo Torres, quien había ganado 47 mil soles en contratos con el Midis, cuando Boluarte presidía ese portafolio.
Junto con Héctor Ugarte, Torres se movilizaba en un carro que le pertenece a Michael Aranda, un exfuncionario del Ministerio Público que registra, a la fecha, cuatro contratos por 60 mil soles, todos por servicios brindados al Ministerio de Justicia del actual gobierno.
Desde Palacio de Gobierno, Boluarte replicó al informe periodístico en medio de una actividad oficial y señaló que su hermano puede recibir en su vivienda “a quien se le pegue la gana”.
“Es su cumpleaños. Lo raro sería que se pactaran cosas ilícitas, situación que no ha sucedido [...] Ese medio de comunicación se atrevió a comparar este Gobierno con el anterior. Es demasiado atrevimiento, desde mi punto de vista, esa comparación”, continuó en referencia a su predecesor, recluido por cargos de rebelión y conspiración.
El jefe de Gabinete, Alberto Otárola, también rechazó las vinculaciones y abogó por el investigado. “Conozco a Nicanor [Boluarte] y considero que es una persona decente. [...] Lo que quiero dejar bien zanjado y trazar una raya divisoria [es que] nosotros no somos el régimen corrupto de Castillo. Venimos a gobernar delas manos limpias”, remarcó.
Después del anuncio del Ministerio Público, el titular de Justicia, Eduardo Arana, desmarcó de las imputaciones al hermano de la mandataria y negó “tajantemente que haya una [casa de] Sarratea 2″. En la misma rueda de prensa estuvo el ministro de Economía, Alex Contreras, quien refutó que haya rasgos de corrupción en el desembolso para la comuna cajamarquina.
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