A poco menos de un año de haberse registrado un total de 59 asesinatos en las marchas en contra del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá en su periodo de sesiones ordinarias del 2023 a los deudos de las víctimas. Para este encuentro, ya se encuentran presentes en la sede de la OEA, en Washington, los representantes de los familiares fallecidos en las matanzas de Juliaca y Andahuaylas.
Según lo detallado por la agenda de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este 10 de noviembre, la sesión realizará una audiencia que gira en torno al “seguimiento a las recomendaciones de informe país 2023 en el contexto de protestas sociales”. Para lograr este cometido, la CIDH ha citado entre los participantes a un representante de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022 de Ayacucho.
Asimismo, también se contempló entre los invitados a la Asociación de víctimas de Andahuaylas y la Asociación de víctimas de Juliaca. Se espera que todos estos representantes formen parte de las audiencias previas a la 188 sesión de la Comisión que revisará los avances en el caso que se sigue contra el Estado peruano.
CIDH invitó a representantes de los deudos
Así se pudo corroborar mediante un documento publicado por la periodista Jacqueline Fowks este martes en el que la CIDH informa sobre la participación de Raúl Constantino Samillán Sanga, representante de la asociación de víctimas de Juliaca, en dicho evento. Según el documento, Samillán junto a otros representantes de los deudos “han sido invitados a participar en la audiencia antes de la Comisión”.
“La comisión amablemente solicita que se facilite su atención a esta audiencia entregándole una visa a fin de que pueda viajar a los Estados Unidos de América”, dicta el documento firmado por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum con el que se buscaba que el ciudadano representante de los deudos de los asesinados en Puno pueda llegar a atender este pedido.
Según la reportera especializada en derechos humanos, tanto Constantino Samillán como el resto de representantes de las víctimas de las masacres se encuentran en el mismo Washington D.C. en donde se desarrollará la audiencia. La cual, está programada en el último día de un periodo de sesiones que dio inicio el último 6 de noviembre y en el que se dará seguimiento al progreso y resarcimiento por parte del estado a los familiares de los deudos.
Entre los organismos internacionales y nacionales que también participarán en las audiencias por este caso están Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (AI) ; la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); el Instituto de Defensa Legal, Human Rights Watch (HRW); así como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericano (WOLA), entre otros.
Informes sobre las protestas señalan responsabilidad de Dina Boluarte
Cabe destacar que varias de estas organizaciones han presentado sendos informes en los que se investiga la injerencia y responsabilidad del estado no solo en la muerte directa de los 50 peruanos asesinados en las regiones de Ayacucho, Puno y Apurímac; sino también de los centenares de heridos producto de la fuerte represión registrada por parte de las fuerzas del orden, entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
En varios de estos informes se ha detallado que el Ejecutivo, comandado por Dina Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola, tenía en sus posibilidades parar con la represión ejercida contra la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta en varias regiones del país; pero que no lo hizo.
Además, específicamente en el informe de Amnistía Internacional, se detalló que el Ejecutivo había instaurado una política de amedrentamiento durante dicho periodo, a fin de acabar con la intención de protesta de las regiones, basándose en el miedo y tomando las muertes como ejemplos.