Ana Gervasi, la titular de Relaciones Exteriores que dimitió este lunes ante una gira frustrada en Estados Unidos, asumió el portafolio solo tres días después del autogolpe orquestado por el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), en cuya administración había ejercido como viceministra de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores.
Pese a las remodelaciones ministeriales, se mantuvo casi once meses al frente de una cartera que enfrentó roces diplomáticos, sobre todo con los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, quienes defendían con tenacidad al exmandatario recluido por cargos de rebelión y conspiración.
Abogada, excónsul y exdelegada de la Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, Gervasi empezó su gestión con la convocatoria de los embajadores de México, Bolivia, Argentina y Colombia, luego de que sus Gobiernos firmaran un comunicado conjunto en el que expresaban su preocupación por la destitución y arresto de Castillo.
Los cuatro países consideraban que el exmandatario había sido “objeto de un tratamiento judicial violatorio”, de modo que invocaban al Legislativo peruano a mantener la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas, un pronunciamiento que fue replicado de inmediato por la canciller.
“Con la señora presidenta, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores [de estos países] en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú como expresión de molestia por esa actitud que no se condice con el respeto mutuo. [Estos Gobiernos] han expresado opiniones discordantes con lo que pasó constitucionalmente en el Perú”, dijo entonces desde el Palacio de Torre Tagle.
Mientras que Luis Arce (Bolivia) y Alberto Fernández (Argentina) se desmarcaban de la misiva, López Obrador crispaba el panorama al acusar a las “élites económicas y políticas” de forzar la salida del exmandatario; de igual modo, se mostraba dispuesto a brindarle asilo, una protección que finalmente alcanzó a sus menores hijos y la exprimera dama, Lilia Paredes.
Con el inicio del 2023, Gervasi emprendió un viaje a Washington mientras que una veintena de congresistas demócratas y diversas organizaciones de derechos humanos reclamaban a Biden restringir la asistencia de seguridad a Perú hasta que termine la “represión violenta” de las protestas antigubernamentales, que dejaron 77 muertos (49 por enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad).
Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia policial al hallar ejecuciones extrajudiciales, la exministra deslizó que se trataba, más bien, de “una visión reduccionista que no ha tomado en cuenta la complejidad de la situación ni todas las aristas”.
En febrero, AMLO retomó los ataques, calificó a Boluarte como “presidenta espuria” y “usurpadora”, y se declaró abiertamente en contra de entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, lo que significó “un bloqueo” político en este grupo de socios comerciales.
Al mes siguiente, durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana realizada en Santo Domingo, el colombiano Gustavo Petro cuestionó el encarcelamiento preventivo de Castillo, al que calificó de injusto y por motivos ideológicos. “Hoy debería estar aquí, [pero] lo sacaron. Está preso”, expresó ante la presencia de Gervasi, quien le contestó que la ausencia tenía origen en su fallido autogolpe.
“De lo contrario, ustedes tendrían aquí a un dictador [...] En pocas horas todas las instituciones democráticas se movilizaron para restaurar el orden constitucional y fortalecer nuestra democracia, en estricto apego a la separación de poderes y a nuestra Constitución. Esa es la realidad, aunque algunos pretendan desconocerlas y distorsionarla”, espetó ella durante su intervención en la sesión plenaria.
Semanas después, la administración peruana retiraría a su embajador en Colombia, de la misma forma que había hecho en México en febrero. El Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó que la actitud de Petro y sus “continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo”.
“El señor López [Obrador] insiste, insensatamente, en desconocer el golpe de Pedro Castillo, pese a que la comunidad internacional en su conjunto ha expresado su rechazo al quiebre del orden constitucional en el Perú y su apoyo a la sucesión constitucional de la presidenta Dina Boluarte”, sostuvo en mayo durante una entrevista difundida en El Comercio.
Solo en su gestión, los mandatarios de ambos países, al igual que el exgobernante boliviano Evo Morales, fueron declarados personas non gratas en Perú. Su cartera logró una partida presupuestal adicional de S/2′900,000 para financiar actividades y estrategias que mejoraran la imagen del Gobierno. De hecho, formó parte de la comitiva en los cuatro viajes realizados por Boluarte desde que asumió la jefatura del Estado, dos de los cuales fueron a Estados Unidos.
La mandataria fue autorizada para salir del 1 al 4 de noviembre a la Cumbre de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), pese a que la oposición señalaba que debió quedarse a atender urgencias como las tareas de prevención para afrontar el fenómeno climático de El Niño, la recesión de la economía nacional y la lucha contra el crimen organizado.
El encuentro en la nación norteamericana, según el Ejecutivo, prometía una reunión bilateral con Biden, pero finalmente se convirtió en un diálogo al paso en los pasillos de la Casa Blanca, una situación bochornosa por el que los miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso evaluaban citar a Gervasi y eventualmente censurarla.
No hizo falta. Después del mediodía, presentó su carta de renuncia, pese a que había pedido presentarse ante el Parlamento. El embajador de Perú en Estados Unidos, Gustavo Meza Cuadra, también dimitió. El propio premier Alberto Otárola lo confirmaría: la extitular se marchó por la criticada caminata en la que Boluarte agarró de la mano a Biden.
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