Afectados por derrame de Repsol critican a la PCM por dilatar reunión con pescadores y crisis se agudiza

La semana pasada, tras una jornada de protestas por parte de asociaciones de pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo ocasionado por Repsol, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió a convocar para el viernes 3 de noviembre a la multinacional española y representantes de las organizaciones de pescadores para que explique el avance de las compensaciones económicas pendientes.

Aquel día la expectativa era grande. Las familias de los distritos de Ancón, Aucallama, Santa Rosa, Ventanilla y Chancay habían conseguido algo que les parece cada vez más imposible: reunirse cara a cara con la responsable. Sin embargo, el encuentro nunca se realizó. Esto debido a una supuesta falta de espacio disponible para llevar a cabo la reunión.

Inmediatamente, la respuesta indignó a los afectados, sobre todo, porque, de acuerdo a dirigentes pescadores que conversaron con Infobae Perú, el comunicado se anunció —una vez más— de manera verbal, rompiendo nuevamente la confianza hacia la PCM.

“La PCM no emite documentación formal, todo es de manera verbal. Nos indigna, porque hasta nosotros podríamos brindar el espacio en los locales que tenemos para la mesa”, afirma Mercedes Yovera Espinoza, presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Ventanilla y alrededores (Adispaavrc).

“Nuestros representantes se han apersonado a la PCM, donde han podido conversar con la doctora Gladys Gago (representante de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM) y ha indicado, de manera verbal, que no se iba a llevar a cabo la reunión, porque no había sala”, agrega la dirigente pescadora.

El abogado defensor de las organizaciones de pescadores registrados en el Padrón Único de Afectados (PUA) por el derrame del crudo, Mario Carranza, advierte que la falta de diálogo con el actual Gobierno no es lo único que genera incertidumbre a este grupo de los afectados.

También, hay gran preocupación debido a que el Estado —renunciando a su obligación de autorizar la ejecución de un empadronamiento complementario para las personas que no consiguieron registrarse en el PUA—, haya dejado en manos de Repsol la tarea de identificación de los afectados. Una disposición establecida por la misma PCM mediante un comunicado emitido en julio del año pasado.

En otras palabras, Repsol pasó de ser la responsable a la parte encargada de evaluar los criterios a tener en cuenta para la atención de las personas que aún no están incluidas dentro del padrón, acción en que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) actuara como enlace entre los afectados y la empresa.

“Repsol da la cara a todo esto a través de un equipo negociador, integrado por dos biólogos, que, incluso son los negocian los términos legales, un abogado, y auxiliares, mientras que el Estado ha dejado a la gente sola”, advierte Carranza.

Sobre el mismo tema, la dirigente Mercedes Yovera manifiesta: “No estamos de acuerdo que la misma empresa, que ha ocasionado el desastre, sea la que juzgue quién es afectado o no. Repsol no puede ser juez. Lo que estamos pidiendo es que, a través del Estado, se busque a las personas apropiadas para poder hacer la calificación, selección y la inclusión de las personas que lamentablemente no han sido empadronadas todavía”.

En esa línea, el abogado defensor recuerda que los pescadores artesanales afectados, además de esperar que se desarrolle de una manera adecuada el diálogo con Repsol, también atraviesan una situación de abandono estatal.

“El Estado debió dotar a los afectados herramientas que les permitan negociar acuerdos justos. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, ha brillado por su ausencia. No ha brindado ningún tipo de asistencia legal a los afectados para apoyarlos en la defensa de sus derechos. Por otro lado, el sector Salud no ha hecho ninguna acción concreta para atender la salud mental y física de los pescadores y todos los moradores de las zonas aledañas”.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de la Producción (Produce) a suspender las actividades de pesca artesanal en la zona del litoral costero que permanece impactado por la presencia del crudo en el mar de Ventanilla.

Esto luego que los últimos estudios efectuados por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) demostraran que todavía existe presencia de hidrocarburo en las zonas costeras, resaltando las playas de Ventanilla, Ancón y Chancay, por ser las que presentaron los mayores niveles de perturbación.

No obstante, pese a ello, de acuerdo a Produce, el informe ha sido cuestionado por Repsol, puesto que la multinacional reafirma que las playas impactadas se encuentran libres de contaminación.

De otra parte, se sabe que, hasta el momento, la Defensoría no se ha pronunciado acerca de los motivos de suspensión de la convocatoria del viernes 3 de noviembre, donde se buscaba abordar la problemática social en torno a las compensaciones correspondientes al año 2023 (solo de aquellos que se encuentran en el padrón).

“Muchos de los pescadores están realizando trabajos, pues, de construcción, están vendiendo cualquier tipo de artículos en los mercados. ¡Cuánto quisiéramos que ese mar esté remediado y así trabajaríamos en tranquilidad y no tendríamos la necesidad de pedirle un sol a nadie. Solamente un pescador con que cazara un lenguado de 5 kilos ya tenía 200 soles en su día. El cambio de vida que hemos tenido ha sido muy brusco”, relata Mercedes Yovera Espinoza, dirigente pescadora de Ventanilla.

Cabe resaltar que, hasta ahora, 4.500 personas han recibido indemnización en la temporada de pesca correspondiente al año 2022. Mientras que por el 2023, aproximadamente 1500 afectados han firmado compensación por el actual periodo, donde Repsol reconoce únicamente el 50%, en comparación a la compensación del 2022.

De otra parte, los dirigentes pescadores que conversaron con Infobae Perú revelaron que, durante las recientes protestas autoconvocadas para demandar la atención de las autoridades frente a sus reclamos, al menos seis presidentes de asociaciones de pescadores artesanales han sido notificados por la Fiscalía.

A través de dicho documento, se les indica que si volvieran a hacer algún tipo de manifestación correrían el riesgo de ser detenidos.

Asimismo, como resultado de la represión policial ejercida en las manifestaciones organizadas contra la multinacional española, los pescadores artesanales afectados por el desastre ambiental han sufrido fracturas, golpes y hasta uno de ellos recibió un impacto de bala, aseguran las organizaciones que conversaron con este medio.

Durante la realización de este informe, Infobae Perú solicitó pedidos de entrevista a la PCM para conversar sobre los motivos de la suspensión de la mesa de diálogo entre Repsol y los afectados del derrame. Como respuesta, la organización superior del Consejo de Ministros indicó que —a través del premier Alberto Otárola— no está brindando entrevistas por el momento.

Hoy, martes 7 de noviembre, representantes del Ejecutivo, autoridades y organizaciones sociales —que agrupan tanto comerciantes como pescadores no empadronados— de los distritos de Ancón, Aucallama, Chancay, Santa Rosa y Ventanilla acordaron instalar un Grupo de Trabajo para atender las solicitudes de las personas afectadas por el desastre ambiental, ocurrido el 15 de enero de 2022.

La comisión tendrá una vigencia de 180 días calendario (alrededor de seis meses) y está integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros; de los ministerios de Energía y Minas, Salud, Ambiente, Producción, Justicia y Derechos Humanos; del Instituto de Mar Peruano (Imarpe) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).

En esta primera reunión, se dispuso conformar dos subgrupos para cumplir con dos objetivos específicos: abordar las demandas vinculadas al impacto ocasionado por el derrame, y determinar los criterios de identificación de los afectados.

En dicho marco, esta situación genera inquietud en los pescadores artesanales, pues, aún no se tiene información sobre si los criterios se aprobarán con una norma, estableciendo obligatorio cumplimiento para la empresa, o solo serán sugeridos a Repsol para que los implemente.

Ante el informe emitido, Repsol precisó a Infobae Perú que más del 97% de afectados registrados en el Padrón Único de Afectados (PUA) ya cobró sus compensaciones totales correspondientes al periodo 2022, y con respecto al 2023 ya son más del 60%.

Asimismo, la empresa afirmó que, siguiendo datos oficiales de Produce, los pescadores artesanales han continuado sus actividades, incluso durante el mismo año en que ocurrió el desastre ambiental, cuando informaron que las condiciones del mar estaban aptas, prueba de ello serían los desembarques oficiales de pescado en Ancón y Chancay.

En este último distrito, según cifras del ministerio de Producción, se registró un aumento del 60% en el año 2022 con respecto a 2017, 2018 o 2019, años previos a la pandemia.