Cada vez son más los detalles que se conocen sobre los involucrados y la planificación previa al fallido golpe de Estado por parte del vacado presidente Pedro Castillo. Un informe de Contracorriente reveló que seis activistas que mostraron un sólido apoyo al gobierno del lápiz viajaron a destinos estratégicos para movilizar a la población.
“Es el 06 de diciembre, un día clave en este cuadro de viajes: Isidro Limache Carita, de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, viaja a Juliaca. Lourdes Huanca Atencio, de la Femucarinamp, hace lo propio a Arequipa. Santos Saavedra Vásquez, de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas se va a Chiclayo; y Oseas Barbaran de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú a Pucallpa”, se menciona en el reportaje.
De acuerdo al dominical, los partidarios de Castillo “estaban alertados de que si algo ocurriera, se unirían para protestar en conjunto” y, para ello, realizaron estos viajes de manera recurrente entre el 27 y 30 de abril
“No eran ni funcionarios, ni trabajaban para el Estado, pero 8 meses viajaron al interior del país, siempre al mismo destino a cumplir algunos mandatos. El 29 de junio, como consta de nuevo en el portal de transparencia, la compra del boleto aéreo de Lourdes fue autorizado por el mismo despacho ministerial de Salas, al mismo destino. Aquella vez mientras Lourdes Huanca iba a Arequipa, Wilder Sánchez Chávez, de la confederación campesina del Perú, viajaba a Tarapoto y así los demás dirigentes”, se menciona.
“La práctica constante comenzó a traer frutos: Castillo se mostraba en Palacio recibiendo el supuesto apoyo de un pueblo engañado por supuestos líderes o dirigentes que no los representaban. Todo televisado por TV Perú, el canal adscrito al mismo Ministerio de Cultura”, agrega el informe.
Para Pedro Yaranga, analista en seguridad integral, los distintos desembolsos en favor de personas que apoyaban al entonces gobierno demuestran que todo fue parte de un plan. “Fue premeditado porque antes del golpe, castillo se reúne con esas personas; incluso en las vísperas se reúne con gente del Movadef”, mencionó.
“Antes sospechábamos, pero ahora, en el camino, están surgiendo pruebas que nos conduce al mal uso de recursos económicos, el cual es dinero de todos los peruanos. Son pseudo dirigentes, muchos de ellos no tiene persona jurídica y no representan a nadie”, acotó.
Al respecto, Eduardo Herrera, abogado del Consejo Privado Anticorrupción, mencionó que no tiene dudas que “lo que pasó el 7 de diciembre fue una planificación”. “Pueden viajar funcionarios públicos que tengan un vínculo de representación a favor del Estado, ello no significa que sea a favor del gobierno”, acotó.
¿Qué dijo el Ministerio de Cultura?
Sobre el reportaje, la cartera liderada por Leslie Urteaga mencionó que investigarán las gestiones realizadas en el periodo 2022, para “, en caso se requiera, iniciar las acciones correspondientes”.
Dicho pronunciamiento fue cuestionado por las organizaciones indígenas nacionales, quienes lamentaron que, “lejos de rechazar el contenido de dicho reportaje por sus implicancias que tiene para la institucionalidad indígena, ha salido con una nota cómplice de este agravio”.
“Aclaramos que el Ministerio de Cultura tiene la obligación de gestionar espacios de diálogo entre el Estado y poblaciones indígenas en aras de garantizar nuestro derecho a participar en espacios de toma de decisión, tal como lo reconoce el Conv.169 de la OIT y otros tratados ratificados por el Estado”, agregaron.
En ese sentido, mencionaron que “nunca hemos sido portátil de ningún gobierno de turno, como se puede constatar en nuestras publicaciones”, y adelantaron que, de no tener la rectificación por parte del dominical y entrevistados, “nos veremos forzados a accionar legalmente contra todos los que resulten implicados”.
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