Violencia sexual contra niñas y adolescentes: un análisis del preocupante panorama que viven las menores en Perú

Ana* ha visto la peor cara de la impunidad en el Perú. Ella, con apenas 13 años, era explotada sexualmente por su padrastro, una de las personas encargadas de velar por su salud e integridad. Pero esto no fue todo, ya que —luego de que se dictaminaron medidas para que fuera inmediatamente retirada de este entorno y atendida por la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali— el Poder Judicial dispuso que la familia debía seguir siendo la responsable de su cuidado.

Su madre, entonces, retomó la custodia y la menor empezó a recibir acompañamiento de parte de la mencionada UPE. De esta manera, un psicólogo y una trabajadora social le hacían seguimiento a su avance y —supuestamente— se aseguraban de que se encontrara bien. Aunque nada podía estar más lejos de la realidad.

Lamentablemente, ella aún no estaba fuera de peligro y, meses después, esto se puso en evidencia cuando se descubrió que estaba embarazada. El abuso, esta vez, fue perpetrado por Luis Yacila Ortega, el supuesto profesional de la salud que debía resguardar el bienestar de la menor.

En el Perú, el caso de Ana se repite una y otra vez en una gran cantidad de niñas y adolescentes que son agredidas sexualmente, en su mayoría, por una persona cercana. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 7 de cada 10 casos que atentan contra este grupo vulnerable es cometido por un hombre conocido y del entorno familiar. Lamentablemente, estas cifras son corroboradas por el Programa Aurora —del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)—, mediante el cual se contabilizó que, de un total de 21 mil 585 casos de violencia sexual contra la población femenina, 15 mil 81 (69,87%) tuvieron como víctimas a menores de edad.

Hablar de violencia sexual, según la ONU Mujeres, es referirse a “cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona” —en este caso, de niñas y adolescentes—, que van desde tocamientos indebidos y acoso sexual hasta violación sexual. Para Susana Chávez, presidenta del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), es “una de las formas de violencia de género más extendidas, aunque también es una de las menos reportadas porque involucra muchos aspectos que tienen que ver con la integridad y la dignidad de una persona”.

Ser una sobreviviente de abuso sexual conlleva un proceso de sanación complicado, incluso muchas veces simplemente se termina por interrumpir el proyecto de vida de la mujer. En el caso de Ana, el abuso al que fue sometido —que, además, atraviesan día a día otras menores en nuestro país— resulta de por sí injusto, pero tiene una carga especialmente cruel porque se trata de someter a una niña o adolescente a esta experiencia.

Al respecto, Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, hace énfasis en que “la violencia sexual está catalogada como una forma de tortura por diferentes comités de derechos humanos que señalan que es un crimen atroz”.

Pese a las huellas que este abuso puede dejar en las víctimas, la especialista afirma que, con un correcto acompañamiento y acceso a la justicia —un pedido que aún es muy difícil de concretar en el Perú—, se puede superar esta situación para empezar a pensar nuevamente en el futuro; no obstante, recalca que esto “va a depender de muchos factores y no se puede generalizar”.

“Es preciso que las personas que son sobrevivientes tengan un acompañamiento profesional para atender su salud mental, pero también hay algo muy importante que tiene que ver con la justicia —que lamentablemente en nuestro país tarda muchísimo, sobre todo para las víctimas de violencia sexual—, pero que, cuando se rompe la impunidad, también hablamos de reparar. Aunque no hay nada que pueda reparar el daño realmente, cuando los hechos quedan impunes, cuando el agresor queda impune, este es una amenaza para la misma víctima y puede efectivamente tener un impacto negativo en su recuperación”, expone.

Esta opinión es compartida por la titular del Promsex, quien —a su vez— advierte que la mayor cantidad de casos de abuso, específicamente el 80% de ellos, se dan en menores que tienen entre 10 y 17 años. Ella resalta que, “aunque pueda haber una gran afectación, se necesitan que estas violencias sean tratadas y abordadas”.

“La idea es, si bien no eliminar el daño, pero sí por lo menos resarcirlas e integrarlas. Entonces, está demostrado de que el acompañamiento, los servicios oportunos, el acceso a la justicia y la recuperación del proyecto de vida son aspectos que van a contribuir a que estos impactos se reduzcan”, reflexiona.

Para Mariemma Mannarelli, autora e historiadora feminista, hay “una confluencia de factores” que inciden en este tipo de violencia, entre los que destacan los estructurales, las cuestiones históricas de larga duración que no han sido resueltas y la baja incidencia del control público estatal sobre el comportamiento sexual masculino, que se puede dar a través de canales por los que el Estado ‘ingresa’ al hogar para regular comportamientos, como las postas médicas, los juzgados de paz y las escuelas. Esto último, asegura, ha caracterizado nuestra vida republicana y es un panorama que no ha sido revertido.

Otro de los puntos que la investigadora destaca es que, con base en sus experiencias, la violencia sexual “atraviesa todos los grupos sociales”; sin embargo, hay situaciones que llevan a que un caso se torne aún más grave. “Las niñas pobres están más expuestas con el hacinamiento, por el descuido, porque las madres fueron abandonadas por los padres, pero el impulso de los hombres está absolutamente fuera de control en todos los grupos sociales. Los modos varían, puede ser, pero la exposición de las niñas se mantiene”, expresa.

“El tema también es que nuestro país es un país culturalmente y racialmente diverso, en donde hay muchísimo racismo. El odio también racial también se refleja, eso vinculado con factores de género termina exponiendo mucho más a las mujeres y a las niñas indígenas, amazónicas, andinas y rurales, pero —en realidad— la violencia sexual se encuentra en el ámbito rural y en el ámbito andino. La ausencia del Estado, la ausencia de políticas de prevención, la ausencia de una educación sexual integral que promueva el respeto hacia los derechos de las mujeres y y la ausencia realmente de una política implementada de prevención están detrás de este drama”, argumenta.

Los diversos organismos del Gobierno deben trabajar como uno para articular medidas a favor de Ana y las demás menores que han sido violentadas sexualmente. Su seguridad, proceso de sanación y futuro dependen de que estos procedimientos se ejecuten de forma correcta y con su bienestar en mente.

“En nuestro país, lo que puede estar ocurriendo son problemas de acceso a la justicia y el abordaje de tratamiento integral (...). El Estado invierte muy poco en los servicios. Eso hace que, en términos de acceso a las poblaciones, todavía hay muchísimo que trabajar. Cuando tú miras cómo están distribuidos los servicios a nivel nacional, vemos que, si bien hemos incrementado números de CEM, todavía hay zonas que no cuentan con ellos”, detalla Chávez.

Aunque esta situación, lamentablemente, también se repite en otros puntos de atención clave, como las Unidades de Protección Especial (UPE), que abordan a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. “Es un servicio que puede determinar si la niña o la adolescente afectada debe seguir o no en su propio hogar. De esos, solamente hay 25 en el país, lo que te indica que hay regiones que no tienen. Y estamos hablando de un volumen muy importante de personas que son atendidas: por todas las limitaciones, atienden un promedio de 21 mil niños y adolescentes”, resalta.

El acceso a la justicia es una parte que fundamental para el proceso de sanación de las sobrevivientes de abuso sexual. De acuerdo a la titular de Promsex, de esta forma, “el Estado reconoce que es víctima porque —y es que uno de los problemas más complejos que hay en la violencia sexual es que sus perpetradores son personas cercanas— uno de los mecanismos que se utilizan es hacerles creer que son partícipes, hacerles sentir que tienen un consenso”; no obstante, en realidad, se tratan de “consentimientos viciados” y de mecanismos de sujeción.

Para Mannarelli, este panorama implica comprender que existe una cadena de hechos al interior del Estado que va desde la elección de un político hasta las políticas públicas que difundirá durante su gestión.

El tema de la impunidad cobra especial protagonismo en los casos de violencia sexual contra la población femenina de todas las edades. En el Perú, los casos tienen que ser expuestos en los medios, como ocurrió con Ana, para que la presión social permita que alcancen justicia. Sin embargo, esta sobreexposición puede terminar por afectar negativamente la salud mental de las víctimas.

“Se tiene que trabajar fuertemente en la prevención y esto significa luchar también contra la impunidad. Creo que se tiene que trabajar en educación sexual integral. Lo venimos repitiendo mucho: los niños, que se convierten luego en hombres, no son agresores de nacimiento. Esto es algo que se aprende: el ejercicio del poder sobre las mujeres y entre los más vulnerables es algo que se aprende a través del odio. Esto es algo que tiene que terminar y tiene que ver con una labor de prevención”, subraya Meléndez.

Mejorar la atención la atención integral a las niñas, la habilitación de espacios para recuperarse —que sean seguros y cuenten con personal debidamente capacitado— y la protección de las víctimas son solo algunos de los caminos a seguir para mejorar considerablemente el abordaje de estos abusos desde el Estado.

Mannarelli, en tanto, reitera que lo importante, una vez que se es consciente de esta problemática, es impulsar a la población femenina a buscar formas de organización alternativas, desde la creación de circuitos de comunicación hasta propagandas nuevas.

“Para organizar una oposición contundente y que pueda articular a muchos grupos de mujeres, que son los que más se movilizan, tenemos que buscar nuevas maneras de articulación y a la vez de protegernos también. Porque a la gente le da mucha rabia porque se pone en cuestión muchas de sus creencias que las mujeres adquiramos una voz ciudadana que esté presente en el espacio público. Creo que estamos debilitados como ciudadanía en muchos sentidos y nuestra capacidad de respuesta es bien baja ahorita”, reflexiona.

En un país donde más del 50% de sus habitantes forman parte de la población femenina, es vital que ellas gocen de todos sus derechos y se desarrollen en un entorno seguro. Para ello, no vale quedarse cruzado de brazos, sino que hay involucrarse y asegurar que el Estado no las abandone, solo así podremos evitar que el caso de Ana se repita en las niñas peruanas de hoy y del mañana.