La reforma del sistema de pensiones en 5 puntos: dos especialistas opinan sobre el proyecto de Ley del Ejecutivo

Los poderes Ejecutivo y Legislativo del Perú tienen en sus manos el futuro de las pensiones de todos los peruanos. El Ministerio de Economía y Finanzas envió su propuesta para un nuevo sistema previsional peruano al Congreso de la República a inicios de octubre. Sin embargo, aún no se ha debatido, y, mientras el presidente de la Comisión de Economía espera que el dictamen esté listo a fines de noviembre, hay actualmente 16 proyectos de ley que buscan aprobar un nuevo retiro —sería el séptimo— de los fondos de las AFP.

El proyecto de Ley, que propone una pensión mínima de S/600, la creación un fondo para los que cumplan 18 años, así como amplía los administradores de fondos a bancos de inversión, cajas y más, mostraría lo que sería el sistema de pensiones del futuro Perú. Sin embargo, este proyecto se encuentra en una encrucijada en el Congreso, dado que el Ejecutivo también plantea prohibir más retiros de AFP con esta propuesta, mientras el Parlamento insiste en presentar proyectos para validar estos retiros, que una gran parte de peruanos también pide.

Infobae Perú consultó con dos especialistas: Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, y Claudia Sícoli, directora de las carreras de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Así, estas expertas hicieron hincapié en los puntos más importantes de esta reforma, sus aciertos y sus desventajas.

El gran problema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es, según palabras de Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad Pacífico, la poca cobertura que tiene a la población peruana.

El Ejecutivo aprobó su Ley de creación del nuevo sistema previsional peruano el 9 de octubre, luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, participara del debate del retiro de AFP, el miércoles 4 de octubre, y fuera criticado por la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán —la parlamentaria hizo hincapié en la demora en que se enviara al Parlamento la propuesta de reforma de pensiones, como se había comprometido el Ejecutivo—. ¿Esta propuesta plantea un gran cambio en la cobertura?

“No estoy de acuerdo con las prioridades que han puesto en el proyecto. Ese gran problema [de la cobertura] no se aborda de una manera distinguida en esta propuesta enviada por el Ejecutivo”, aclara Bernal. La docente hace hincapié en que los recursos fiscales, la estimación del costo fiscal, en el proyecto, no destina mucho dinero para aumentar esta cobertura.

La reforma del sistema de pensiones, según detalla el proyecto presentado por el Ejecutivo, se basa en cuatro pilares definidos como el Contributivo, Semicontributivo, No contributivo y el Voluntario. El primero incluye los modelos actuales de sistema de pensiones, el público (de la Oficina de Normalización Previsional) y el privado (las Administradoras Privadas de Pensiones y otros nuevos competidores que se incluyen en la nueva ley); y una de las novedades en la cobertura es que plantea incluir a los ciudadanos al cumplir 18 años, quienes “deben afiliarse al Sistema, eligiendo entre el SNP o SPP”.

Sin embargo, sobre este tema, si bien Noelia Bernal lo ve como un cambio positivo, también le parece incompleto. “¿Y la plata? No basta afiliarse. ¿Cómo les aseguramos, les facilitamos que metan la plata, que contribuyan? No hay nada en el proyecto sobre eso. Lo que va a pasar es que habrá un montón de afiliados con ceros soles en su cuenta”, critica.

Por su lado, Claudia Sícoli, directora de las carreras de Economía de la UPC, sí le da una gran valoración a la inclusión de los pilares detallados en la nueva ley. “Por ejemplo, el Pilar No Contributivo, que garantiza una pensión mínima durante el periodo de supervivencia (porque eso no se traspasa a los herederos) pero de aquellas personas que no tienen jubilación o que sean discapacitados o personas vulnerables. El hecho de tener una una pensión mínima apoya a estas personas que están en esa situación de vulnerabilidad”, resalta.

En efecto, el Pilar No Contributivo, el cual estaría a cargo de la ONP, otorga la posibilidad de acceder “a una pensión mínima, y, cuando corresponda, a una pensión de jubilación proporcional especial, con garantía estatal”. Este monto mínimo, que se detalla sería de S/600, estaría dirigido, en este pilar, a personas que, a la edad de jubilación, no cuenten con, al menos, una pensión de jubilación proporcional especial y se encuentren en condición de pobreza y/o vulnerabilidad, indistintamente si se encuentren afiliados al sistema o no (”así como las personas con discapacidad severa y otras personas vulnerables”).

Además, en el Pilar Semicontributivo, a cargo de la ONP, también otorga esta pensión mínima, pero esta dirigida a los afiliados de la ONP, pero también puede ser solicitada por afiliados del sistema privado, con ciertos requerimientos. “Que el Estado pueda colaborar o contribuir a generar los fondos necesarios o completar los fondos necesarios para tener una pensión mínima, que permita que los jubilados puedan tener una vida digna. Eso me parece bien interesante.”, resalta Sícoli.

La propuesta de reforma del sistema de pensiones del Ejecutivo también incluye un apartado que toca el tema de los fondos de jubilación para trabajadores independientes. Así, a partir de esta ley, todas las personas que presten servicios a entidades del sector público o empresas privadas deben estar afiliados al nuevo sistema —ya sea que perciban ingresas como cuarta o quinta categoría—, lo cual deberá ser constatado por estas.

“Se habla de que tienen que aportar el 13% del 50% [de una UIT]. Se está haciendo un esfuerzo por incorporar a los independientes, lo que hay que ver es qué es que tan factible es eso. Yo creo que una manera que están tratando de hacerlo es volviendo el DNI el código de acceso al sistema de pensiones. Entonces todo lo que esté vinculado con el DNI (billeteras electrónicas, c) puede ser un indicador de ingresos. Puede ser una manera de tratar de identificar a los informales”, opina la especialista Claudia Sícoli.

Por su parte, Noelia Bernal considera que este es un punto positivo también. “Esto me parece bueno, porque otros países de la región ya han avanzado en ese sentido. Y es justo que sea así, porque los trabajadores formales de quinta categoría tributamos y también aportamos a nuestra pensión. Entonces, el de cuarta debería tener la misma obligación y el mismo derecho. Creo que reduce esta desigualdad en derechos y obligaciones ante la seguridad social”, aporta la experta.

La Ley de creación del Nuevo Sistema Previsional Peruano tiene un capítulo dedicado a detallar cómo se da la disposición de fondos, y señala expresamente que “a partir de la vigencia de la presente ley, queda prohibido el retiro parcial o extraordinario de los fondos acumulados en las CIC (Cuenta Individual de Capitalización) de aportes obligatorios del SPP (sistema privado de pensiones) por parte de los afiliados durante su etapa activa”. Es decir, no más retiros de AFP (con excepción para comprar una vivienda y en casos de enfermedad terminal). En este caso, ambas expertas están de acuerdo: no recomiendan los retiros de AFP indiscriminadamente.

La SBS reveló a mediados de octubre que el 82% de afiliados de las AFPs tiene menos de una UIT en su cuenta ( S/4.950). “Si sigues aprobando retiros, si el Congreso aprueba más retiros, la gente va a sacar su plata. No hay nada más atractivo que sacar plata y gastarla. La gente lo va a hacer, va a salir más dinero del sistema, y te vas a quedar con cuatro dinosaurios enormes administrando poquita plata. Ya no sé si tendría mucho sentido. Debilita aún más el sistema privado de pensiones”, aporta Bernal.

Sin embargo, la experta en economía de la Universidad Pacífico, también señala que, si bien esta propuesta de prohibir los retiro puede ser “rescatable”, dado que no está de acuerdo con las prioridades del proyecto presentado por el Ejecutivo, esta podría solo aprobarse como una sola ley de un artículo. “Algunos abogados podrán decir que ni siquiera es necesario, porque se ocurre que los recursos que están en su cuenta individual son intangibles, están protegidos por la Constitución”, agrega.

De igual manera, Claudia Sícoli aporta un tema alrededor de los retiros: “¿Qué pasa con aquellas pensiones de personas que han podido hacer un aporte importante y que desean utilizar parte de ese ahorro? Habría que ver la posibilidad de poder generar algún límite mínimo, como para que las personas que superen ese límite, que sirve para garantizar su pensión en el futuro, pudieran tener acceso a parte de su fondo”.

Pero uno de los puntos de esta reforma no tiene que ver con qué se cambia, sino con cuánto costaría este cambio. Noelia Bernal, de la Universidad Pacífico, alarma sobre el costo fiscal de algunas de estas reformas. La educadora reconoce que es importante aumentar la cobertura de Pensión 65, algo que saluda en esta reforma, pero que igual reconoce como muy “tacaña”. “Hoy [esa pensión] es de S/125, es bien poquito en realidad. Y esta no sube desde el 2011. Entiendo que esto se va a subir, no sé a cuánto va a aumentar. Pero esta pensión se da solo a los ancianos pobres extremos, no a los que son solamente pobres. Y eso es injusto, porque no hay mucha diferencia entre un adulto mayor pobre y pobre extremo”.

Ampliar esta cobertura, señala Noelia, costaría S/12 millones aproximadamente. “Pero el proyecto no es tacaño con el subsidio que le están dando a los afiliados del sistema privado de pensiones, porque le estás dando pensión propocional y mínima, a afiliados más jóvenes, y eso es mucho más caro”.

En efecto, si se revisa la exposición de motivos, se detalla lo siguiente: “A través de esta propuesta los afiliados al SPP obtendrán una pensión mínima, que actualmente es S/500 y se propone que sea S/600, así como a las pensiones proporcionales especiales de S/400 y S/300. [...] Se estima que el gasto del Estado para otorgar dichas pensiones hasta agotar el pago del total de la obligación para los actuales afiliados del SPP es de S/123 mil millones, siendo el promedio de S/ 1.332 millones anuales. (...) En el tiempo, el costo irá en aumento por el ingreso de nuevos afiliados al SPP que también requerirán asistencia de recursos del Estado para alcanzar la pensión mínima o proporcional.”

“Para que te hagas una idea, esos S/123 mil millones son aproximadamente 14% del PBI. Eso es un montón. Es el equivalente a la mitad del costo fiscal del sistema nacional de pensiones. Es un montón de plata. Y para que lo compares con cuanto cuesta aumentar la cifra de Pensión 65, te cuesta mil veces más”, critica Bernal.

Esto no le parece correcto a la experta y una de las razones por su rechazo al proyecto de reforma: el destinar fondos a una población relativamente joven, con empleo formal, ya afiliados, con mejores ingresos, y, por otro lado, dar tan pocos recursos para ampliar la cobertura y protección de los adultos mayores en pobreza.

Así, de todos modos, la experta de la Universidad Pacífico no cree que esta propuesta del Ejecutivo se apruebe finalmente. “Yo creería que no se va a aprobar alguna reforma. No veo un claro liderazgo político del Ejecutivo. Aquí no veo a la presidenta haciendo lo que hizo Bachelet en Chile (quien se involucró mucho más con la reforma), tampoco a su Primer Ministro, tampoco al ministro de Economía, que incluso ha dicho que esta propuesta de pensiones no va a generar grandes costos fiscales, pero sí está generando costos fiscales importantísimos”, resalta.

Pero la experta sí ve que sí es probable que se apruebe un séptimo retiro de los fondos de AFP. “Yo veo una herida más, o una enfermedad más al enfermo que está en urgencia o en coma, que es el sistema privado de pensiones”, acota. Por su lado, Claudia Sícoli, experta de la UPC, alerta de que estos retiros van a “generar mayor presión para la caja fiscal, dentro de algunos años. Cada vez que retiro fondos, hay un grupo que está perdiendo la posibilidad de tener esa pensión”, agrega.

Así, a pesar de que tenga defectos, que pueda que no se apruebe, de todos modos, uno de lo resaltante de la reforma del sistema de pensiones del Ejecutivo es que parece anunciar el fin del sistema de AFP como se conocía hasta ahora. Un sistema que ambas conocen que puede mejorar. Sin embargo, Noelia Bernal reconoce que la coyuntura de los últimos años ha probado que no es un sistema que sirva al Perú.

“Yo creo que, hoy en día, el tema político, el COVID-19, las mismas debilidades de nuestro mercado laboral, y otros factores, han demostrado que no podemos basar nuestro sistema de seguridad social en un sistema de AFPs. Es demasiado riesgo para los individuos, y lo que se está viendo hoy día, con el retiro de la plata, lo evidencia. Que la gente lo ve como una cuenta de ahorro, y quiere sacar su plata y se la quiere gastar. Es irónico, la verdad”, sentencia la experta.