CIDH responsabiliza al Perú por caso de tortura y violencia sexual contra Georgina Gamboa

Georgina Gamboa tenía tan solo 17 años cuando siete efectivos policiales la detuvieron y violaron en 1981, año en el que el Perú atravesó por el conflicto armado interno. “Llegaron casi a las cinco de la mañana. Patearon la puerta de su casa (en Vilcashuamán, Ayacucho) y entraron. La sacaron con pijama y sin zapatos. La arrastraron contra su voluntad mientras sus hermanos menores observaban, asustados y sollozando”, confesó Georgina frente a la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Más de 5 mil mujeres fueron víctimas de violación sexual en Perú entre 1980 y 2000. La mayoría de ellas de origen indígena quechua. Las violaciones fueron llevadas a cabo por agentes de la policía y militares destinados a la «lucha contra el terrorismo». Más de 40 años después, algunos casos pueden acceder a justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso de Georgina Gamboa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 5 de julio de 2023.

El estado peruano atentó contra los derechos fundamentales de Georgina durante años por no garantizarle sanciones a los responsables ni una investigación adecuada por los hechos que sufrió: detención, tortura y violación sexual.

El Ministerio Público archivó en enero de 1982 el caso de Georgina, alegando que “no se pudo identificar a los responsables”, por falta de diligencias. Años más tarde, se aperturó una nueva investigación que dictó una sentencia que condonó a los agentes policiales involucrados, y “minimizó la violencia sexual, mostrando estereotipos de género y socioculturales”.

Además, la CIDH identificó que el Estado peruano “no brindó atención médica y psicológica a Georgina, su hija y sus hermanos. Tampoco consideró las secuelas de los hechos traumáticos del que fueron víctimas, ni la especial situación de vulnerabilidad de Georgina Gamboa por ser adolescente, y que junto a su hija sufrieron una triple discriminación por ser mujeres, niñas indígenas, y vivir en situación de pobreza extrema”

Por estos motivos, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, derecho a la niñez, protección judicial, libertad personal de Georgina Gamboa y de los familiares, quienes son víctimas de graves daños emocionales y estigmatización social que sufrieron por los hechos y la situación de impunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado de Perú tomar medidas de reparación por la detención ilegal y arbitraria que sufrió, los abusos sexuales y la no atención médica posterior, incluso estando embarazada siendo una adolescente. Las acciones que el gobierno debe tener en cuenta son los siguientes:

1. Reparar integralmente a Georgina Gamboa García tanto en el aspecto material como inmaterial.
2. Proporcionar atención médica y psicológica adecuada para ella y sus familiares, si lo desean.
3. Realizar una investigación diligente y oportuna de los hechos para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
4. Adoptar medidas de no repetición, que incluya programas para capacitar a fiscales e integrantes del poder judicial en casos de discriminación y violencia de género, y establecer protocolos de atención para víctimas de violencia sexual durante exámenes médicos y forenses.