Gobierno aprobó transferir dinero para inseguridad ciudadana después de un mes del estado de emergencia en SJL, SMP y Sullana

La inseguridad ciudadana se consolida como una de las preocupaciones que más aquejan no solo a la ciudadanía, sino que también a los empresarios, quienes se han visto obligados a invertir un gran porcentaje de sus recursos con esta finalidad. Todo esto debido a que Lima, de una lista de todas las ciudades del mundo, se encuentra en la casilla 22 de las más peligrosas, incluso antes que Medellín, Cali y Sao Paolo.

Esta última data de Global Peace Index fue compartida por el semanario Hildebrandt en sus trece con la finalidad de demostrar que los índices de criminalidad en el país escalan a niveles insospechados. Aunque esta realidad no es aceptada por el Gobierno de Dina Boluarte.

Como parte de la inauguración de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), con fecha del 5 de octubre y ejecutada en la ciudad de Trujillo, la mandataria señaló que “su compromiso era acabar con la delincuencia” y que ya estábamos “en ese camino”.

El estado de emergencia, decretado en dos distritos de Lima y otros siete en la ciudad de Sullana, no ha significado avances en términos de seguridad ciudadana. Y así lo evidenció el medio en cuestión al hacer un recuento de la cantidad de asesinatos que se concretaron en estas jurisdicciones como consecuencia de la delincuencia y el sicariato.

• San Juan de Lurigancho: 10 homicidios desde la puesta en marcha de esta medida y 92 en los últimos nueve meses.
• San Martín de Porres: tres homicidios en el primer mes de la medida.
• Sullana: un homicidio, cinco heridos por ataques de sicarios y cinco casos de extorsión durante los 15 primeros días del estado de emergencia.

También se estableció una comparación entre las fuerzas desplegadas durante las protestas que se organizaron en los primeros meses del 2023 con las utilizadas actualmente por el Gobierno de Dina Boluarte. Para el primer caso, se emplearon alrededor de 10 mil policías —destinados a la custodia de algunas instituciones y desfiles en el Centro de Lima como táctica de intimidación— y, para la segunda instancia, el Ministerio del Interior apenas desplegó 174 oficiales y 2.350 suboficiales, quienes fueron enviados a San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.

Por su parte, en declaraciones para Hildebrandt en sus trece, la Policía Nacional del Perú (PNP) lamentó que existiera un “déficit de personal” de 35 mil agentes, mientras que el Ejército no asignó muchos soldados a las calles.

Según se reveló, el Estado dio el visto bueno a un decreto de urgencia para transferir 111 millones 659 mil 275 soles a diferentes entidades y de los distritos en estado de emergencia a fin de hacer frente a la ola de violencia que aqueja a estas jurisdicciones; no obstante, resaltó que esto fue aprobado un mes después de que se implementara dicha medida.

“Todo es un desbarajuste (...). No hay personal policial ni patrulleros ni personal de las Fuerzas Armadas en los puntos críticos. Tampoco funciona el Conasec. Y, al no tener Conasec, cada cual funciona por su lado”, declaró el general PNP Eduardo Pérez Rocha.

Pese a todo el déficit del panorama expuesto, el ministro del Interior, Vicente Romero, en una intervención ante el Congreso, afirmó que “en los distritos de Lima declarados en emergencia se ha percibido una reducción efectiva en la incidencia de la delincuencia”. Las cifras que compartió determinaban que la delincuencia disminuyó en un 28% en SJL y un 18% en SMP. La ciudadanía, por su parte, ha hecho escuchar su evidente malestar ante los actos criminales que se perpetran cada día en diferentes puntos del país.