El presidente de la Comisión de Educación, José Balcázar (Perú Bicentenario), quien ha desatado el repudio de la población al defender enérgicamente el matrimonio infantil, podría dejar su cargo de congresista a partir de una nueva denuncia en su contra, comentó el penalista Augusto Linares en diálogo con Infobae Perú.
El Quinto Despacho Provincial Penal de la Octava Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, dispuso iniciar diligencias preliminares por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por un plazo de 60 días.
De acuerdo al periodista Wilber Huacasi, la acusación se fundamenta en la omisión de reportar todos los ingresos que tuvo en sus cuentas personales al momento de postularse como candidato al Congreso de la República por el partido Perú Libre.
“Cuando tú declaras falsamente un hecho en un procedimiento administrativo, cometes este delito. Este delito tiene una pena de hasta cuatro años de pena privativa de libertad, y, en el caso de ser un congresista, cabría la inhabilitación”, mencionó el socio de Estudio Linares.
El experto recordó que, al ser un hecho cometido previo a asumir el cargo de legislador electo, “no pasa por una acusación constitucional”, por lo que no es necesario levantarle la inmunidad parlamentaria.
“Va a tener la misma tratativa de un investigador común. Lo que va a ocurrir es que, en caso le impongan una sentencia condenatoria, le podrían poner una inhabilitación para ejercer cargos políticos, cargos públicos de hasta cinco años”, mencionó a este medio.
Consideró que, aunque probablemente no le impongan prisión efectiva, sí quedaría impedido de ejercer el cargo público, por lo que, de ser condenado en segunda instancia —en caso apele—, la sentencia debe ser informada al Congreso de la República y verse su vacancia.
“El Poder Legislativo está obligado a votar por su vacancia, ya que estamos hablando de un mandato judicial. Como es una orden de un juez, el Congreso de la República no puede dejar de cumplir esa orden”, explicó.
Una vez realizado este procedimiento, el Jurado Nacional de Elecciones deberá otorgar nuevas credenciales a su accesitario. De acuerdo al experto, el caso podría ser de tres años, es decir, ser superior a su gestión como legislador, por lo que la inhabilitación sería para “posiciones futuras”.
Otras denuncias
La diligencia informada no es la única en sus antecedentes. En la víspera, la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque decidió reabrir el caso seguido contra él por un presunto desfalco cuando fue decano del Colegio de Abogados.
Además de dejar sin efecto la sentencia de sobreseimiento del fiscal provincial Carlos Osores a favor de Balcázar el 2022, la fiscal adjunta Ana Cabrejos solicitó que otro magistrado lo acuse por el presunto delito de apropiación ilícita.
De acuerdo a un informe del diario El Comercio, Balcázar fue acusado de apropiarse de una suma de S/ 1.510 por concepto de colegiatura en el CAL, durante su gestión entre el 2019-2020; motivo por el que el Consejo de Ética de dicha institución consideró oportuno expulsarlo.
“De conformidad con el artículo N.° 136, numeral 6, del Estatuto y el artículo n.° 102, inciso “e”, del Código de Ética del Abogado, se determina responsabilidad del denunciado, correspondiendo la medida disciplinaria a imponer la de expulsión definitiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque”, precisa el documento obtenido por La República.
En respuesta, el integrante de Perú Bicentenario mencionó que todo se trata de una “venganza” y que denunciará a Julia Manuela Farroñán Santamaría, José Ricardo Muro Brents; Luis Enrique Chu Orrego y Brian Velásquez Monteza, miembros del CAL que firmaron el documento que resolvió su salida.