Pena de muerte por sicariato, extorsión, tráfico y abuso de menores: el nuevo proyecto de ley ante ola de criminalidad

El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, presentó el proyecto de ley 6279 para aplicar la pena de muerte en el país para casos de extorsión, sicariato, además de tráfico y abuso sexual de menores.

La propuesta legislativa plantea modificar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, que actualmente solo avala esta medida punitiva para casos de terrorismo y de traición a la patria durante una guerra.

Además, se estipula una disposición transitoria especial para que el país se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Convención IDH), también conocido como Pacto de San José.

Según Aragón, la iniciativa tiene como objetivo “fortalecer la soberanía del Estado para la protección de los derechos fundamentales a la vida e integridad de los niños y niñas”. También busca “desalentar y ejercer coerción efectiva a las personas que pretendan cometer el delito de violación sexual de menores de edad”.

Como coautores de la medida se encuentran sus compañeros de bancada: Jhaec Espinonza Vargas, Hilda Portero López, Wilson Soto Palacios, Raúl Doroteo y Jorge Flores Ancachi.

El Perú se encuentra dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema IDH) luego de ratificar el Pacto de San José el 12 de julio de 1978. Por ello, se tuvo que limitar la pena de muerte.

En consecuencia, el país ya no puede ampliar esta condena a nuevos supuestos, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Esta medida fue reforzada cuando Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la opinión consultiva OC-14/94, donde confirma que no se puede aplicar para otros delitos.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, opinó que “no es correcto” que el país se aleje los parámetros de la Convención IDH, y, por lo tanto de la Corte IDH, ya que “ningún peruano está exento del abuso del poder”.

“Tenemos por eso una instancia supranacional que revisa y resuelve esos excesos con objetividad”, explicó. Añadió, además, que la institución que representa tiene esta perspectiva porque tienen “a la nación como su deber ser”.

En el poder Legislativo se han presentado hasta seis proyectos de ley relacionados con retirar al Perú de la Convención IDH. Los autores son Segundo Montalo, de Perú Libre; Jorge Montoya, de Renovación Popular; Roselli Amuruz, de Avanza País; y Luis Aragón, Wilson Soto y Edwin Martínez, de Acción Popular.

Con base en estas iniciativas, la Comisión de Constitución del Parlamento aprobó la creación de una Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el debate, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, indicó que estas propuestas no tenían sustento ni se encontraban dentro de las competencias del Congreso, ya que solo del poder Ejecutivo puede proponer la salida del Perú de estos organismos internacionales.

Como se sabe, cualquier peruano puede acudir a la Comisión IDH para denunciar que se han vulnerado sus derechos fundamentales, como a la nacionalidad, a la propiedad privada, a un nombre, a la vida, a la libertad de conciencia, religión, de pensamiento, expresión, rectificación o respuesta.

Entre los requisitos se encuentra que el individuo, grupo de ciudadanos u organización haya agotado todas las instancias judiciales en su nación. Luego, deberá presentar una petición a la Comisión.

Estos casos suelen durar un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, Azul Rojas Marín, una mujer trans que fue víctima de tortura y abuso sexual, recibió las disculpas y reparaciones económicas del Estado peruano 15 años después de haber denunciado el hecho ante las autoridades.