Relatora Especial de la ONU advierte que el Congreso buscaría interferir en la independencia de la JNJ

La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación ante el intento del Congreso de remover a todos los consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una inexistente “causa grave”.

“La presión sobre funcionarios de alto nivel a través de acusaciones constitucionales, así como los presuntos intentos de destituir a miembros del JNJ, pueden equivaler a una interferencia en la independencia de esta importante institución”, advirtió este jueves 2 de noviembre la relatora especial.

Satterthwaite alertó que los actos que constituirían “causa grave” no están definidos ni en la Ley ni en la Constitución, por lo que la invocación de este concepto para remover a la JNJ sería arbitraria.

“Observo con preocupación que la información que he recibido indica que la ‘causa grave’ alegada para la destitución de los miembros de la JNJ no está tipificada en ninguna ley nacional, por lo que su aplicación podría prestarse a diversas interpretaciones potencialmente arbitrarias”, agregó la experta de la ONU.

Justamente, a partir de las 10:00 am, el Pleno del Congreso debatirá el informe final de la “investigación sumaria” por supuesta “causa grave” contra la JNJ, documento que recomienda remover a los 7 integrantes.

“El derecho a un juicio justo exige un juez imparcial. En el Perú, esta imparcialidad está estrechamente ligada al desempeño libre e independiente de la Junta Nacional de Justicia”, recordó la relatora especial.

El intento del Parlamento de remover a la JNJ por una “causa grave” no es la única preocupación de Margaret Satterthwaite. La experta también sigue de cerca las acusaciones constitucionales que se han formulado en contra de los consejeros, que podría acabar en una destitución, suspensión o inhabilitación de la función pública por hasta 10 años.

“Me preocupa la serie de acciones emprendidas que, por separado y en combinación, parecen tener como objetivo socavar el funcionamiento independiente del JNJ y, por tanto, la independencia del poder judicial en el país”, sostuvo la relatora especial.

Luego de la cuestionada “investigación sumaria”, la Comisión de Justicia desestimó todos los cargos contra la JNJ. Sin embargo, por presión del fujimorismo y cerronismo, el informe final fue modificado para que concluyera que los consejeros incurrieron en “causa grave” en 3 casos: el pronunciamiento antes de la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la interpretación de la edad para ejercer el cargo y la omisión del informe anual al Congreso.

En vista de que no se contarían con los 87 votos para remover a toda la Junta Nacional de Justicia, el Congreso pretendería votar el pedido de remoción consejero por consejero.

Según trascendió, la estrategia sería destituir a determinados magistrados. Se trataría de Imelda Tumialán, Inés Tello y Aldo Vásquez.

Tumialán es presidente de la JNJ, mientras que Tello y Vásquez, coincidentemente, llevan adelante las investigaciones disciplinarias contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los cambios en el Equipo Especial Cuellos Blancos y la remoción de la fiscal que investigaba a su hermana por presuntos sobornos para liberar a narcotráficos.

Benavides, por su parte, ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con la que busca anular las referidas investigaciones. La audiencia de este caso se llevará a cabo este jueves 2 de noviembre a las 2:00 pm en la sede de Arequipa.

Además del proceso en el TC, la titular del Ministerio Público recurrió al Poder Judicial con el mismo objetivo: dejar sin efecto las investigaciones disciplinarias. Como parte de este proceso, consiguió una medida cautelar con la que quedan en suspenso hasta la emisión de la sentencia.