La presidenta Dina Boluarte aseguró este jueves que el Perú es un “país en paz” después de las manifestaciones antigubernamentales acontecidas entre diciembre y febrero, que dejaron 49 muertos por enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad y otras 28 víctimas por hechos vinculados a las movilizaciones.
La mandataria, cercada en una investigación fiscal por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tuvo una intervención durante el Foro de Inversión Responsable de la Alianza Américas-BID, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington (Estados Unidos).
“El Perú ahora es un país que está en calma y en paz, luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado y la asonada golpista que [ocurrió] en las dos últimas semanas y media de diciembre del 2022 y los dos meses iniciales del 2023. Las pérdidas económicas ha sido mucho más alta que la COVID-19″, dijo durante la mesa redonda en la que estuvo acompañada de sus homólogos Gabriel Boric (Chile) y Guillermo Lasso (Ecuador).
“Hemos buscado lo más rápido posible, el diálogo, la paz, con una inversión puesta al interior del país para poder sanear el alma del Estado, como nosotros lo denominamos”, continuó.
La mandataria fue autorizada para viajar del 1 al 4 de noviembre por el pleno del Congreso, pese a que la oposición señala que debió quedarse en el país para atender urgencias como las tareas de prevención para afrontar el fenómeno climático de El Niño, la recesión de la economía nacional y la lucha contra el crimen organizado, una de las principales exigencias ciudadanas.
Desde septiembre pasado, cuatro distritos de la capital —y otros en la región Piura— han sido declarados en estado de emergencia, pero la delincuencia sigue causando muertes y otros ataques armados en esas jurisdicciones.
Solo en San Juan de Lurigancho, donde la medida está vigente después de que un explosivo detonara en una discoteca del distrito, el alcalde Jesús Maldonado admitió que la declaratoria ha fracasado con la caída de presencia policial y al menos diez crímenes desde que fue oficializada.
Pese a este panorama, Boluarte aseguró que el país se ha mantenido “resiliente” y está listo para la inversión extranjera. “Creo que estas alianzas, foros y organismo de economías tienen que estar libres de pensamientos ideológicos y demás ideas por allí particulares. Aquí lo que importa es la articulación para buscar inversiones, trabajar y producir”, resaltó.
Se trata del cuarto viaje al extranjero desde que asumió la jefatura del Estado el pasado 7 de diciembre, luego de que Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, fuera destituido tras intentar dar un autogolpe de Estado.
Las mismas voces opositoras han deslizado que estos viajes no han atraído ningún beneficio para el país, pero el Ejecutivo insiste en que fortalecen la política exterior y la imagen a nivel internacional. Este jueves, el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) remitió un oficio en el que solicitaba a la gobernante convocar un Consejo de Estado ante la crisis de inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
La parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), por su parte, consideró que lo anterior “es resultado de la falta de autoridad de un Gobierno [que] se ha dedicado a dictar medidas populistas que no generan ningún cambio”.
“Siguen sin entender que no se trata de realizar uno o dos operativos solo para las cámaras, sino que se necesita un plan estratégico de seguridad con enfoque territorial”, anotó en X, antes Twitter.
El propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, mencionó que es “muy pronto” para calificar de fracaso a la declaración del estado de emergencia. ”Esto va a tener que evaluarse cuando concluyan los 60 días del estado de emergencia, hay que escuchar a los alcaldes que son críticos, pero reconocen el trabajo”, dijo en entrevista difundida en El Comercio.
Señaló, de igual modo, que el Ejecutivo también trabaja para solucionar el déficit de policías en las calles y de unidades móviles para el patrullaje. ”Es un proyecto presentado al Congreso y se tiene que hacer por ley. Estamos insistiendo, porque necesitamos más policías. La presidenta entregará 500 patrulleros nuevos hasta fin de año que se van a incorporar a la seguridad ciudadana”, detalló.