El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, criticó nuevamente la disposición planteada por la empresa Rutas de Lima para incrementar el precio de los peajes ubicados en Puente Piedra, de S/6.50 a S/7.50, y adelantó que, ante estos embates, la Municipalidad de Lima buscaría llegar a instancias internacionales. López Aliaga también se refirió al proceso que se lleva en el Tribunal Constitucional.
Los cuestionamientos de López Aliaga hacia la empresa que maneja ahora los peajes, ubicados en la zona de Shangri-La en Puente Piedra, se dieron el último 31 de octubre, en una conferencia de prensa en la misma Municipalidad de Lima. En su intervención, López Aliaga volvió a recordar la gestión de la ahora investigada exalcaldesa Susana Villarán, por la celebración de los contratos de concesión con la empresa Rutas de Lima.
“Si Rutas de Lima aumenta un sol más, ya sería un descaro absoluto. Porque es una empresa, no, no es empresa, para mí es un grupo criminal”, detalló el burgomaestre de la capital. Asimismo, no dudó en tildar a la empresa con la que constantemente se enfrenta como a un “grupo criminal”.
“Este grupo, donde está Odebrecht, la empresa más corrupta de la tierra, donde está la señora Villarán, la persona más corrupta de esta municipalidad, y que ha firmado un contrato, ese contrato es nulo”, recordó el alcalde de la comuna.
Asimismo, insistió en que “la señora Villarán, públicamente reconoció en el programa de Nicolás Lúcar: ‘Yo he recibido más de 11 millones de dólares, 12 millones de dólares’ ¡Y por vender al pueblo más débil!”. López Aliaga consideró que era un abuso el imponer un peaje “a la población que no tiene agua, que no tiene comida, que no tiene internet, que no tiene educación, por culpa de esta gente miserable”.
El proceso en el Tribunal Constitucional
Como se sabe, la semana pasada, el Tribunal Constitucional realizó la audiencia de este caso en atención a un habeas corpus planteado por un ciudadano de Puente Piedra y escuchó las declaraciones de ambas partes, a fin de resolver la disputa impulsada por el alcalde de la ciudad.
Según López Aliaga, “si hay coima en un acto jurídico, este acto jurídico es nulo y el TC debe atender”; por ello, reiteró que sus pedidos ante el máximo ente intérprete de la Constitución y la Justicia en el Perú “son justos”. “Que (el Tribunal Constitucional) anule, de una buena vez, que está en sus manos anular este contrato”, insistió.
Pese a estas exigencias, la sala 2 del Tribunal Constitucional escuchó el caso y las aseveraciones de ambas partes a fin de llegar a una conclusión que hasta la fecha no ha sido revelada, pues sigue siendo materia de deliberación.
Pero hay un detalle que López Aliaga no ha precisado y es la vinculación de uno de los magistrados que observan el proceso con su partido Renovación Popular, pues en un momento de la campaña electoral el estudio de Gustavo Gutiérrez Ticse, flamante magistrado del TC recibió una considerable cantidad de dinero por concepto de asesorías.
Recurrirá a instancias internacionales
Pese a estos cuestionamientos, López Aliaga ha señalado que, si bien la ciudadanía tiene de su lado armas como el habeas corpus o el seguimiento de un proceso por el lado contencioso-administrativo, la Municipalidad de Lima, por su lado, ya está contemplando otras instancias internacionales a las que podría llegar en caso el TC no falle a su favor.
“Como Muni Lima, tenemos el derecho de ir a tribunales internacionales, cosa que estamos haciendo. Estamos yendo al departamento de justicia americano. Estamos yendo a la Bolsa de Valores de Nueva York para que sepan la barbaridad de violación de derechos humanos que hace Brookfield en nuestro país”, aseveró.