La exvoleibolista peruana Ana Cecilia Aróstegui Girano, exesposa del exfutbolista y director técnico Juan Carlos Bazalar, recordado por ser campeón de la Copa Sudamericana con Cienciano del Cusco, seguirá cumpliendo prisión preventiva en el penal Santa Mónica, en el distrito de Chorrillos. La Fiscalía la acusa de ser la presunta cabecilla de una red criminal que habría traficado con camas UCI del hospital Guillermo Almenara en plena pandemia. Las indagaciones revelaron que lucraban con la desesperación de familiares de pacientes durante la segunda ola del Covid-19.
A través de sus redes sociales, el Poder Judicial informó que se declaró infundado el cese de la prisión preventiva contra la acusada de integrar la red criminal denominada Los Ángeles Negros, que habría operado apoyado en la desesperación de familiares de enfermos con COVID-19 que buscaban una cama UCI en el mencionado nosocomio.
“La jueza Rosario Alata, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, dictó el fallo y desestimó el pedido realizado por Aróstegui para el cese a su prisión, tras evaluar que persiste el peligro de fuga y la obstaculización en el proceso”, detalló la institución judicial en la plataforma X (antes Twitter).
Durante la audiencia realizada el pasado martes 31 de octubre, la magistrada recordó que a la exesposa del actual entrenador de Los Chankas, club que recientemente ascendió a la Liga 1, y a los otros imputados del caso, se les procesa preliminarmente por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio.
Antes de escuchar el fallo, la investigada tomó la palabra y negó que sea la líder la organización criminal. “Ya voy a tener dos años y medio acá (en el penal). Ha sido muy duro y difícil, sobre todo por el arraigo familiar. Mi mamá tiene 82 años y quieren ponerla en un asilo y yo no quiero... junto con el problema siquiátrico de uno de mis hijos que tiene transtorno de personalidad”, indicó.
Aróstegui Girano cumple prisión preventiva desde agosto de 2021. Al igual que ella, Pedro César Pino Gonzales y Neri Magali Ochoa Menacho mantienen la misma medida coercitiva en su contra por ser parte de la supuesta organización criminal.
La caída de la presunta red delictiva empezó la madrugada del 22 de julio de 2021, cuando en un megaoperativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) se intervino en simultáneo viviendas en los distritos capitalinos de La Molina, San Miguel, Breña y Magdalena, con el fin de desarticular a Los Ángeles Negros.
El hijo de Juan Carlos Bazalar también es investigado
En este entramado, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, también aparecen otros nombres como el de Iraida Muñoz Arróspide, Sebastián Bazalar Aróstegui (hijo de Cecilia Aróstegui y Juan Carlos Bazalar) , Piero Pino Carmona y Vanessa Recuenco Ochoa. Los antes mencionados son procesados preliminarmente y cuentan con una orden de comparecencia restringuida.
El sonado caso vio a la luz a mediados del 2021, cuando un ciudadano peruano denunció que pagó por una cama UCI del hospital Almenara, pero su familiar enfermo del coronavirus nunca pudo acceder a una de estas y falleció.
La Fiscalía peruana determinó que Aróstegui Girano llegó a un acuerdo con el familiar del paciente por el monto de 82 mil soles y así brindó el número de cuenta bancaria de su hijo Sebastian Bazalar Aróstegui, donde se realizó el depósito de un adelanto de 35 mil soles. Días después, el familiar del paciente canceló el restante a la misma cuenta.
El entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, calificó como ‘abominable’ esta red criminal.
Cabe señalar que el hecho generó indignación y conmoción a nivel nacional, debido a que se vivía uno de los peores momentos de la pandemia por la Covid-19. Las camas UCI y el oxígeno medicinal eran demandados como nunca antes se había reportado en los últimos 50 años.
Coordinaciones y audios revelados
En julio de 2021, un aspirante a colaborador eficaz contó que la exesposa de Juan Carlos Bazalar se reunió con otros tres implicados de la red Los Ángeles Negros para ‘coordinar’ una misma versión frente a la denuncia del ciudadano, para despistar y sacar cuerpo de las responsabilidades penales.
Durante los meses de investigación se difundió extractos de audios que corresponderían a Cecilia Aróstegui. Estos son algunos:
- “Bueno, prácticamente ya está ubicada la cama, la entubación y todo para poder hacerlo en el transcurso de las horas. Pero tú sabes cómo es. No se maneja si no se adelanta, si no se paga. Tú sabes cómo es la situación, ¿no?”. En esta parte queda expuesto que se habría cobrado por las camas UCI.
- “Yo he vivido mucho tiempo, prácticamente con toda la gente del Almenara porque toda mi familia ha sido tratada ahí y mis familiares trabajan ahí”. Aróstegui convencía así a sus posibles ‘clientes’ de que tenía influencia dentro de ese nosocomio.
- “No, ahí está. Ahí en ese sitio hay entubación y hay el alto flujo, solamente UCI tienen eso… Nosotros lo pasamos a UCI”. La exposa se mostraba aparentemente segura y con el poder de decidir quién pasaba a la Unidad de Cuidados Intensivos del Almenara.
- “Él tiene la cama y tiene el aparato ahí. Hasta podrían entubarlo en el peor de los casos”. Garantizaba a los familiares que pagaban por la cama que su enfermo tendría todo lo necesario para mejorar su salud.
Expertos en derecho penal aseguraron que los implicados en este sonado caso de cobros irregulares podrían recibir penas de entre los cinco y diez años, dependiendo del grado de responsabilidad que tenga cada uno en este entramado de aparente corrupción.
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