Las movidas para alejar al Perú del Sistema Internacional de Derechos Humanos no cesan desde el Congreso. Esta vez, incluso buscan interferir en los acuerdos que son de potestad exclusiva del Ejecutivo. En la sesión de este martes 31 de octubre, la Comisión de Constitución aprobó con 12 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones la propuesta de ley que plantea crear una “Comisión de Alto Nivel” que revise una serie de propuestas que plantean la reforma del Sistema Internacional de Derechos Humanos, propuesta que fue basada en cuestionables proyectos de ley.
La opinión técnica que se discutió en el referido grupo de trabajo, agrupa un total de cinco proyectos de ley presentados por varios congresistas que piden que el Perú denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los proyectos de ley son los 2014/2021-CR, 3494/2022-CR, 5216/2022-CR, 5303/2022-CR y 5582/2022-CR.
Durante el transcurso del debate de estas propuestas, miembros reconocidos en aspectos constitucionales afines al Congreso, como el extitular del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señalaron que estas propuestas no tenían sustento ni competencia del Legislativo. Y la suscripción, así como la decisión de pertenencia a estos organismos internacionales, eran potestad única del Ejecutivo. Pese a ello, la Comisión de Constitución ha seguido con el proceso.
Aprovechando la existencia de estas cinco propuestas legislativas, han llevado a que se resuelva la formulación de un proyecto de Ley que “Crea la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, propuesta que fue debatida y aprobada en la sesión que dio inicio a partir de las 10:00 a. m.
Según el proyecto, el objetivo de que se cree esta Comisión de Alto Nivel, es que “se ponga en evidencia la situación problemática actual del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y proponen distintas soluciones a esta”. Esta propuesta estará integrada por el Canciller, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
El propósito de la Comisión de Alto Nivel
En el documento mismo se precisa que “mediante los proyectos de ley 3494/2022-CR y 5216/2022-CR, proponen la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), con la finalidad de preservar la soberanía nacional, en especial en cuanto a la administración de justicia y penal”.
En ese mismo sentido, se conciben las precisiones en las que “el proyecto de ley 5582/2022-CR que propone declarar de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como una alternativa supuestamente más viable; puesto que, en apariencia, no colisiona con las facultades constitucionales previstas para el Poder Ejecutivo y para el Poder Ejecutivo”.
Para lograr este cometido, el predictamen contempla un total de 125 páginas, de las cuales, solo en la página 114 se precisan los pormenores de esta propuesta. Esta comisión revisará una serie de puntos que tienen que ver con el Sistema Internacional, los cuales contemplan la formulación de propuestas de reforma de los instrumentos que integran este sistema, los cuales son:
- Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cómo se espera que funcione esta “Comisión de Alto Nivel”
Según la propuesta aprobada este martes, se ha planteado que este órgano compuesto por altas autoridades “elabore un diagnóstico sobre la problemática del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”; además de formular propuestas de reforma de los instrumentos que lo integran, y el establecimiento de mecanismos “para la elección, en sede interna, de los candidatos que en Perú propone para conformar la CIDH”.
Además, con el desarrollo de todas estas funciones, esta comisión estaría encargada de la elaboración de un informe final, el cual debe ser elaborado en 90 días, posterior a ello, Este documento debería ser remitido tanto al Ejecutivo como al Congreso.
El documento es preocupante no solo por la creación que implica este nuevo organismo, sino porque condiciona al Ejecutivo a tomar acciones frente a las propuestas del grupo que se busca crear. “La Presidencia de la República, en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la recepción del informe final mencionado, informa al Congreso las acciones adoptadas por el Estado en mérito del contenido”, dicta el informe que ha sido aprobado este martes.
Decisión se toma pese a rechazo de especialistas
En ese sentido, el documento también contempla las opiniones contrarias de abogados constitucionalistas, así como organismos veladores. Especialistas como Blume Fortini, José Luis Lecaros, y Ántero Flores Araoz. En sus declaraciones, todos ellos han declarado que las propuestas de denuncia “afectan tajantemente a la soberanía nacional”.
En cambio, la propuesta recoge un aproximado de 90 opiniones de diferentes ciudadanos, las cuales, en su mayoría, buscan el apartamiento del sistema de derechos basándose en propuestas populistas como la pena de muerte como respuesta a problemáticas de seguridad ciudadana y abusos sexuales.
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