“Las autoridades competentes ya han abierto investigación y, como siempre, voy a someterme y conforme a la ley”, expresó la presidenta Dina Boluarte el pasado 18 de julio, luego de que se revelara un presunto plagio del 55% de una de sus publicaciones. Sin embargo, este domingo, Punto Final informó que su abogado solicitó la prescripción de la investigación.
Además de invocar que se archiven las diligencias, su defensa legal detalló que la jefa de Estado “se abstendrá” de ofrecer su testimonio, argumentando que el presunto ilícito habría sido cometido en el 2004, por lo que el plazo para las pesquisas ya habría vencido.
Como es de conocimiento público, la obra titulada ‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’ presenta más de la mitad copiada y fue consignada por la hoy jefa de Estado cuando postuló al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Lo extraño del caso es que el libro solo fue utilizado por Boluarte y su colega Efraín Anaya, exconsejero destituido del antiguo CNM, el mismo que la registró ante la Biblioteca Nacional del Perú. Sin embargo, al menos cuatro coautores declararon ante el Ministerio Público que desconocían de su existencia.
Penalista considera que delito no prescribiría
Consultada por el tema, la penalista Romy Chang mencionó que para el delito no calificaría para la prescripción porque, “si bien ella lo hizo hace muchos años, lo cierto es que el libro está impreso, se sigue consultando en la biblioteca nacional y sigue difundiéndose; entonces los afectados continúan siendo afectados, por tanto, podemos hablar de un delito continuado”.
“Ella presentó en su currículum esta obra y, luego, cuando ya postula a un cargo mayor, retira el libro de su CV, lo cual nos hace ver que alguna presunción tenía de que esa obra no le pertenecía. Además, hay algo que llama la atención en este libro y es que no hay un editor”, acotó en diálogo con Latina Noticias.
En ese sentido, recordó que copiar ideas de otros “es un delito grave que está sancionado con una pena de hasta ocho años de cárcel, en el Código Penal”.
Cabe mencionar que, aunque el Congreso de la República no inició ninguna acción al respecto, en el pasado, consideró el plagio académico de la tesis de maestría del expresidente Pedro Castillo como uno de los puntos principales para impulsar la tercera moción de vacancia en su contra.
No es la única autoridad acusada de plagio
Además de Dina Boluarte y Pedro Castillo, el actual titular del Poder Legislativo, Alejandro Soto, también fue acusado de plagio por parte de los autores a los que consignó en sus tesis de maestría y doctorado sin citarlos. Tal como reveló una investigación de Infobae Perú, el máximo representante de la patria presenta un 38 % de copia literal perteneciente a páginas enteras de artículos académicos correspondientes a los abogados Carlos Urquizo Maggia y Julio César Castiglioni Ghiglino, principalmente.
“Además de estar plagada de una serie de errores autográficos, que ninguna investigación seria puede tener, en efecto hubo ahí un tema de plagio, de un trabajo de investigación que yo realicé muchos años atrás sobre responsabilidad civil extracontractual. Qué pena que no cumpla con criterios básicos. Como letrado que es él, conoce bien de que el plagio es un delito que afecta a la persona que hace una investigación, no solo a nivel moral, sino patrimonial”, declaró Urquizo a este medio.
“¿Cómo es posible que un abogado, el presidente del Congreso, incurra en estas prácticas? Es un plagio burdo, yo estaría dispuesto a esclarecer públicamente y debatir con él sobre los alcances de la investigación que copia textualmente y, que yo sé, es mía. No hay mayor duda de que no existe ápice de su opinión, de un análisis propio”, mencionó Castiglioni a su turno.