Ucayali llega a los 600 casos de violaciones a menores de edad en lo que va del año

El caso de la menor víctima de violación por parte de un psicólogo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha desplegado una preocupante realidad que se vive en la provincia de Ucayali. Según la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Hellen Vela, apenas en la región Ucayali, se han detectado la cifra de más de 600 casos de violencia sexual hacia menores de edad en lo que va del año 2023.

En una entrevista para RPP, la funcionaria explicó la crítica situación que se vive en la provincia oriental del Perú e incluso advirtió la existencia de una serie de insuficiencias y debilidades en el sistema de protección no solo a la niñez, sino también a la adolescencia, el cual proviene no solo por parte de una las familias, sino que también por parte de las instituciones prestadoras de protección a las víctimas de violencia.

“En realidad, este caso (el de adolescente agredida por un psicólogo del Mimp) es uno de los más de 500 casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes que existe en Ucayali y esto ha cobrado más importancia porque involucraría a un personal de un servidor público en la comisión de estos hechos”, aseveró Hellen Vela en dicha conversación.

Asimismo, la comisionada de la Defensoría del Pueblo, que atiende este caso en Ucayali, aseveró que “hay niñas y adolescentes que continúan siendo víctimas de estos lamentables hechos y es necesario, tal como la institución lo viene exigiendo. Que se dé una real protección a la niñez y a la adolescencia”.

Para la especialista Hellen Vela, tanto en el caso de la menor violada por el psicólogo del MIMP, como en varios otros casos de la región Ucayali y otras provincias de la selva peruana, se han advertido “serias debilidades en todo el sistema de protección a la niñez y la adolescencia”; al recalcar que “la adolescente inició procedimiento de investigación por presunta desprotección a la adolescente en febrero de este año, y en mayo, por disposición del juzgado civil de Yarinacocha, se ordena que retorne a su familia de origen”.

Según el Pode Judicial, no se había evidenciado “que ella se encontraría en una situación de desprotección”; pese a la existencia de presuntas acusaciones de explotación sexual, por las que la menos inicialmente recurrió a las autoridades.

“En realidad, ahí ha habido muchos cuestionamientos, debilidades del mismo sistema, porque no sabemos el fondo de la investigación respecto a la presunta explotación sexual. Posteriormente, desde mayo a ahora en octubre se ha vuelto a comenzar procedimiento por desprotección a raíz de estos hechos. En realidad hay que tomar en cuenta que ni la familia ni las autoridades en la comunidad, en el caserío, han denunciado este hecho”, detalló la comisionada.

Asimismo, respecto al desarrollo de las investigaciones del hecho que terminó generando una ola de críticas sobre la institución del MIMP, pues el abusador formaba parte de la institución, la comisionada Vela precisó que el psicólogo denunciado aún continúa con paradero desconocido; pero las investigaciones siguen su curso.

“Hay esa información de que otro psicólogo ha realizado la evaluación del estado de salud mental de la adolescente, porque estamos exigiendo a la unidad de protección que de como prioridad este aspecto. Estamos a la espera de este informe para ver la necesidad de que la adolescente reciba una atención especializada. Lo que se requiere es que en el menor tiempo posible tener estos diagnósticos claros y la junta médica también determine lo que corresponda y se pueda prever cualquier atención a la salud física y mental que se pueda manifestar”, concluyó la representante de la Defensoría del Pueblo.