Finalmente se ha publicado la Ley 31914, que modifica la norma 28976, para cambiar los supuesto de clausura de establecimientos. Como se recuerda, la aprobación de esta, ha tenido diferentes hitos a lo largo de estos meses, desde que fue propuesta por el fallecido congresista Hernando Guerra García hasta que se hizo conocido el caso de cierre del local La granja azul, a la cual la Municipalidad de Ate le impuso una multa de S/14 mil por, supuestamente, no haber cumplido medidas de seguridad y salubridad.
El caso de la emblemática pollería llegó en el mejor momento para dar a conocer la propuesta legislativa —sobre todo cuando se supo que el local había sido multado por más de un millón de soles, a raíz de, además, temas de Habilitación urbana y obras civiles—. El proyecto fue presentado por Nano Guerra García el 10 de mayo de 2023 y se encontraba en el Congreso sin mucho avance. Recién a inicios de agosto, el restaurante fue clausurado, lo que permitió visibilizar fácil y rápidamente la ley, que a inicios de octubre se aprobó en el Congreso.
¿Qué dice la Ley 31914, que modifica los supuestos de clausura de establecimientos?
La propuesta legislativa, también promocionada por gremios de restaurantes y locales, como Aspan Perú (Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería), ha sido mencionada como una norma contra los “abusos” en que pueden incurrir las municipalidades.
¿Qué dice la nueva norma? El artículo 20 de esta ley, que modifica la Ley 28976 Ley marco de licencia de funcionamiento, señala que a partir de esta ya no procede la clausura temporal de un establecimiento en los siguientes supuestos:
- Si se infrinjan normas de carácter administrativo que no representen un riesgo inminente para la vida, la salud, la seguridad o la propiedad de las personas.
- Cuando existan circunstancias que puedan ser subsanadas durante la inspección por el titular o sus representantes o cuando dichas circunstancias hubieran desaparecido al término de la inspección.
Asimismo, la nueva norma dicta que la clausura temporal de un local solo procede en estos nuevos supuestos:
- Como una medida preventiva, cuando se constate la existencia de un peligro inminente para la vida, la salud, la propiedad o la seguridad de las personas, que no pueda ser subsanado en el propio acto de inspección.
- El titular no cuente con licencia de funcionamiento.
- El titular no cuente con el Certificado de Inspección Técnica en Seguridad de Edificaciones (ITSE), salvo que la renovación se encuentre en trámite, de conformidad con la normativa correspondiente.
- El establecimiento realice un giro distinto a aquel para el que ha sido autorizado.
- La actividad del establecimiento genere olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la tranquilidad del vecindario, en tanto excedan los rangos dispuestos por las leyes de la materia.
En su momento, el abogado de los gremios de empresas, Jorge Lazarte, declaró que esta norma “busca la formalidad y prosperidad del emprendedor peruano. Busca un equilibrio entre la necesaria fiscalización municipal y la libertad de empresa, evitando cierres indiscriminados por faltas administrativas y subsanables en el momento de la inspección. Además, apunta a evitar injusticias, como las que sufrieron los dueños y trabajadores de La Granja Azul, cuyo negocio y sustento económico estuvo cerrado más de dos semanas debido a que los inspectores tardan cuanto les viene en gana para verificar la subsanación de observaciones”.
Por su parte, en medio de la controversia, la Municipalidad de Miraflores se había pronunciado en contra de la aprobación de la norma. “La sustentación del proyecto realizada por el congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, muestra no solo desconocimiento sobre el tema, sino evidencia una postura a favor de la informalidad, la discriminación, la impunidad y el libertinaje en materia comercial”, había indicado mediante un comunicado, además de de que se realizará un pronunciamiento con la “presencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y de sus pares Jessica Vargas (Barranco), Nancy Vizurraga (San Isidro) y Eduardo Bless (San Miguel)”, según detalló la comuna de Miraflores.