El Poder Judicial dictó este martes seis meses de prisión preventiva contra Keyis González Astudillo (41), la madre del ‘Maldito Cris’ —abatido en junio pasado por agentes policiales. La imputada había sido detenida el fin de semana en una casa del distrito de San Martín de Porres durante el estado de emergencia.
En el departamento también se encontraba la prófuga Wanda del Valle, investigada por ofrecer 40.000 dólares para matar al jefe de la división de homicidios de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo. Sin embargo, hasta el momento no hay detalles de su localización.
González Astudillo fue capturada en flagrancia con teléfonos móviles robados, por lo que enfrenta una acusación por delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada. La diligencia también acabó con el arresto de Roberson Piñero Linares (23), alias ‘Pana’ y Yusmari Cristancho Ocando (27), alias ‘Fabi’. Todos se encuentran en situación migratoria irregular.
La acusada registraba antecedentes por tráfico de drogas y homicidio en su país natal, Venezuela. El día en que llegó a la Morgue Central de Lima para reclamar el cuerpo de su hijo, fue capturada y conducida a la División de Extranjería de la PNP, pero quedó en libertad horas después porque no contaba con requisitoria ni orden de captura de Interpol.
Keyis González Astudillo y Wanda del Valle, por quien el Ministerio del Interior ofrece 150.00 soles, son sindicadas de pertenecer a la banda criminal ‘Los Injertos del Imperio VIP de SMP’. En el inmueble fueron decomisados cuatro celulares, chips, carcasas y otros accesorios “de procedencia ilícita”. La institución policial coordina con la Embajada de Venezuela, Interpol y Migraciones para una eventual expulsión.
En agosto pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho, otro distrito bajo emergencia, dispuso la detención preliminar de la expareja de ‘Maldito Cris’, presunto integrante del Tren de Aragua y autor de un disparo que acabó con la vida de un sereno de Surco, a quien atacó cuando iba a frustrar un robo.
En una primera instancia, el juez Alfonso del Carpio declaró infundado ese pedido de detención porque la Fiscalía no presentó pruebas en su contra; sin embargo, la medida fue reconsiderada y el tribunal ordenó la captura nacional e internacional de la investigada, así como un requerimiento a Interpol para que emita alerta roja.
La captura ocurre después de que el Gobierno aprobara un decreto legislativo que plantea condenar hasta con 30 años de cárcel los robos de teléfonos celulares y equipos informáticos, si existe agravante del uso de explosivos o vehículos motorizados.
La medida modifica el Código Penal, además, para incorporar como delito la modalidad de receptación, “entendida como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes”, con lo que estará penado comercializar o importar equipos que permitan adulterar los códigos de seguridad y tarjetas de los celulares.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en Perú se roban en promedio 4.754 celulares por día. De febrero a julio de este año, un 12,2 % de ciudadanos ha sido víctima de robo de dinero, cartera o celular, incluso en algunos casos con consecuencias fatales.
Junto a San Martín de Porres, los distritos limeños bajo la declaratoria son San Juan de Lurigancho, Lince y el Cercado de Lima, el segundo distrito con alta incidencia delictiva, de extorsiones y estafas, pese a que en su extensión se ubica el centro histórico y las sedes de los poderes del Estado.
Algunos derechos constitucionales como el de libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio han quedado suspendidos y no hay actividad comercial desde la medianoche hasta las cuatro de la madrugada, lo cual generó las protestas de los comerciantes locales.
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