Luis Ángel Yacila Ortega, un psicólogo denunciado por abusar sexualmente de una menor tutelada por la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), fue contratado en el portafolio con un posible certificado falso y pese a que estaba suspendido para ejercer.
Mientras cuatro organizaciones feministas piden la dimisión de la ministra Nancy Tolentino por este caso de violación ocurrido en Ucayali, el vicedecano del Colegio de Psicólogos del Perú, Christian Ungaro, confirmó que el imputado fue inhabilitado desde septiembre de 2021, un dato que pone en jaque el mecanismo de elección de quienes trabajan para el Estado.
“[La información] consta en nuestros registros institucionales, por lo que expresamos nuestra extrañeza de que haya seguido ejerciendo en el Ministerio de la referencia. Exigimos a todas las entidades del sector público y privado dar cumplimiento a requisitos que la ley exige para el ejercicio profesional, ya que con ello se da respaldo a las acciones de fiscalización”, dijo el directivo en un clip.
La cartera de Tolentino admitió posteriormente que Yacila Ortega pasó el proceso de selección con una constancia de habilitación vigente hasta diciembre de 2021. “A fin de esclarecer los hechos y determinar las posibles acciones administrativas y penales, se ha solicitado a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del MIMP la ampliación de la investigación a este aspecto”, se lee en un pronunciamiento difundido por Epicentro.
La semana pasada, un grupo de especialistas del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y agentes de la Comisaría de Yarinacocha (Ucayali) realizaron una visita a los asentamientos y las comunidades nativas de la zona, algunas de ellas muy alejadas de la ciudad.
“En ese ínterin, el personal tomó conocimiento del caso de la menor que había sido violada por el psicólogo y que tiene dos semanas de gestación”, contó una fuente al portal de investigación, que destapó la denuncia. Yacila Ortega, ahora prófugo, fue separado de inmediato y cercado por una investigación fiscal.
Junto a una trabajadora social, el imputado respaldaba a una sobreviviente de explotación sexual que, pese a su estado de vulnerabilidad, no había sido internada en un albergue. De acuerdo con el portafolio, en marzo pasado la menor fue acogida por la UPE de Ucayali ante “desprotección familiar provisional”.
Sin embargo, dos meses después, el Juzgado Civil de Yarinacocha revocó esa medida y ordenó que su retirada del Centro de Acogida para que fuera entregada nuevamente a sus padres. Asimismo, dispuso “el archivamiento del proceso iniciado por la UPE”.
El juzgado debería explicar las razones por las que ordenó enviar la causa al archivo y devolver a la adolescente a un entorno riesgoso; mientras que la cartera tiene pendiente una respuesta por qué no vigiló la labor del especialista que devino en agresor sexual.
De momento, la sobreviviente es atendida en un hospital de Ucayali y aguarda que una junta médica permita que acceda al aborto legal. Todo embarazo infantil es considerado tortura y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas forzadas a gestar tienen hasta cuatro veces más probabilidades de enfrentar complicaciones con posible peligro mortal.
“Las infancias deben ser protegidas por el Estado y jamás revictimizadas”, se lee en el pronunciamiento liderado por Manuela Ramos y secundado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) y la institución Flora Tristán.
Estas cuatro organizaciones piden la salida de Tolentino, quien hasta el momento no se ha pronunciado expresamente sobre el caso en un país donde dos niñas son abusadas cada hora. Infobae Perú solicitó una entrevista formal, pero tampoco obtuvo respuesta.
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