Cuatro organizaciones feministas solicitaron este viernes la dimisión de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nancy Tolentino, ante la denuncia de una menor abusada sexualmente por un psicólogo que le brindaba seguimiento a través de la Unidad de Protección Especial (UPE), una instancia del portafolio.
“Las infancias deben ser protegidas por el Estado y jamás revictimizadas”, se lee en el pronunciamiento liderado por Manuela Ramos y secundado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) y la institución Flora Tristán.
Según un informe difundido por Epicentro, la semana pasada, un grupo de especialistas del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y agentes de la Comisaría de Yarinacocha (Ucayali) realizaron una visita a los asentamientos y las comunidades nativas de la zona, algunas de ellas muy alejadas de la ciudad.
“En ese ínterin es que el personal tomó conocimiento del caso de la menor que había sido violada por el psicólogo y que tiene dos semanas de gestación”, contó una fuente al portal de investigación. Se trata de Luis Ángel Yacila Ortega, quien ya fue separado de sus funciones y enfrenta una orden de detención preliminar en medio de una investigación fiscal.
Junto a una trabajadora social, el imputado respaldaba a una sobreviviente de explotación sexual que, pese a su estado de vulnerabilidad, no había sido internada en un albergue. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el pasado 20 de septiembre y, al día siguiente, Yacila Ortega quedó prohibido de ingresar a las instalaciones del MIMP.
La fiscal María de los Ángeles Torres, titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, confirmó que el agresor se encuentra no habido, mientras que la sobreviviente es atendida en un hospital de Ucayali y aguarda que una junta médica apruebe el aborto legal.
Todo embarazo infantil es considerado tortura y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas forzadas a gestar tienen hasta cuatro veces más probabilidades de enfrentar complicaciones con posible peligro mortal.
A través de un comunicado, el MIMP precisó que ahora sí ha dispuesto la medida de protección de acogimiento residencial de la adolescente, quien ya recibe atención del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF). Sin embargo, hasta el momento la ministra no se ha pronunciado expresamente sobre el caso en un país donde dos niñas son abusadas cada hora. Infobae Perú solicitó una entrevista formal, pero tampoco obtuvo respuesta.
Según cifras oficiales, entre enero y diciembre del año pasado, se registraron 243 niñas gestantes menores de 15 años en Ucayali, la segunda región con más casos después de Loreto. El último informe del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) reveló, por su parte, que esta región incrementó en casi un 45% los nacimientos en madres menores de 15 años del 2020 al 2022.
A inicios de octubre, la Directora Regional de Salud de Ucayali, Antonia Hinostroza, difundió el caso de una menor de 10 años que fue conducida por su madre a una posta médica de la comunidad de Mazaray, en esta misma región, para pasar por un control prenatal. Estaba embarazada de su padrastro, Mario Yumbato (53), quien la abusaba sexualmente desde inicios de año.
La víctima fue derivada al Hospital Regional de Pucallpa, donde los médicos diagnosticaron alto riesgo obstétrico debido a su edad. Inicialmente, la progenitora se negaba a solicitar la interrupción terapéutica del embarazo, pero formalizó el requerimiento una semana después, cuando ya era tarde.
Al evaluar el caso, la junta médica concluyó que no era no es posible practicarla porque habían pasado las 22 semanas establecidas en el protocolo del Ministerio de Salud. Posteriormente, un psiquiatra concluyó que hay un “problema estresante” por los ataques sexuales, pero desestimó que la niña tenga afectación sicológica.
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