Josué Gutiérrez buscaría controlar la elección de los nuevos magistrados de la Junta Nacional de Justicia

En medio de las intenciones de un sector del Congreso de la República para remover a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntamente cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, ya se comienza a perfilar algunos cambios de cara al proceso de renovación de esta entidad que debería llevarse a cabo en el 2025.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, busca modificar el criterio de nombramiento del secretario técnico de la comisión especial, cuya tarea es liderar el procedimiento de evaluación de los postulantes que desean entrar a la JNJ. Esto se trata de materializar a través del proyecto de ley que remitió al Congreso de la República para fortalecer su institución.

En el documento, presentado el 20 de octubre pasado, se da cuenta que Gutiérrez Cóndor quiere realizar un ajuste en los términos del artículo 77 de la Ley Orgánica de la JNJ. Así, el abogado cercano al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, quiere fijar que el secretario técnico corra por su propia responsabilidad. Es decir, un cargo de confianza.

De esta manera, el titular de la Defensoría apunta a que se deje de lado el concurso público de méritos que, ciertamente, garantizaría que la persona elegida como secretario técnico de la comisión especial de la JNJ sea alguien con altas cualidades académicas, profesionales y morales.

Si el Pleno le aprueba la iniciativa legislativa a Gutiérrez, entonces podría saltarse algunos de los requisitos preestablecidos que se requieren para candidatear a ser secretario técnico de la comisión especial de la JNJ. Estos son los siguientes:

• Ser peruano de nacimiento.
• Tener capacidad de ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
• Poseer solvencia moral.
• Tener conocimientos de gestión pública y no menos de diez (10) años de experiencia en función pública.
• No haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
• No contar con sanción vigente e inscrita en ningún registro creado por ley que impida acceder al ejercicio de la función pública.
• Estar titulado, colegiado y habilitado.
• En caso de pertenencia a una organización política, contar con licencia al momento de su postulación al cargo.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la JNJ se detalla que debe planificar, organizar y ejecutar las actividades administrativas de la Comisión Especial, mientras esta última se encuentre en funcionamiento.

Además, convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias, participar de las mismas sin que tenga voto sobre las decisiones que se adopten, ejecutar y hacer seguimiento de los acuerdos adoptados, coordinar o elaborar los estudios, documentos y trabajos técnicos.

Finalmente, llevar las actas de las sesiones, remitir información de acceso público y comunicaciones a entidades externas, elaborar el proyecto de informe final de actividades, elevar recomendaciones, proponer la celebración de convenios con instituciones especializadas que pudieran contribuir con el ejercicio de sus funciones, y otras actividades que se dispongan.

Hay que recordar que Eliana Rebolledo, exdefensora del Pueblo, firmó una resolución el 13 de setiembre del 2022 en el que se da cuenta de la encargatura de la secretaría técnica de la comisión especial de la JNJ a la doctora a Patricia Carolina Rosa Garcés Peralta, quien era adjunta encargada para los derechos de la mujer de la entidad.

Sin embargo, Garcés ya no está en la Defensoría porque renunció en setiembre pasado junto a otros cuatro adjuntos —Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales)— debido a discrepancias con Josué Gutiérrez por nombramientos de personas afines a él.

Por ello, este cargo se encuentra vacante. Gutiérrez, elegido por el fujimorismo y Perú Libre, desea capturar este puesto.