La creciente inseguridad ciudadana es en definitiva una de las máximas preocupaciones del peruano de a pie. Son ya varias las veces en las que los diferentes vecinos de las ciudades más populosas del país han expresado su malestar a las autoridades y, cada vez más presentes en los distintos medios de comunicación, la población reconoce que salir a la calle es tanto rutina como exposición.
Sin embargo, la inseguridad ciudadana no repercute apenas en la percepción de las personas y en las afectaciones que los robos suponen sobre sus víctimas, lo hace también en la economía. Algunos sectores han visto decrecer a su clientela producto, entre otras razones, a que las personas evitan cualquier actividad que implique un riesgo, como es el caso de la crisis de venta en el Parque Industrial de Villa El Salvador, por ejemplo. Ante ello, el Ejecutivo habilitó que 111 millones 660 mil soles sean asignados a los distritos en estado de emergencia para que se atienda la problemática.
Dicha transferencia se realizará con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y a diversos pliegos del Ejecutivo y el Judicial cuyas misiones estén orientadas a la lucha frontal contra el crimen. Así, las instituciones contarán con la capacidad económica para efectuar acciones de prevención, control y lucha contra el crimen, y contribuirán de forma directa, además, con el proceso de reactivación económica que la patria atraviesa producto de la recesión.
“Los recursos dispuestos en esta transferencia deben brindar un soporte efectivo a las acciones a favor de la seguridad ciudadana que se están coordinando entre los Poderes Ejecutivo y Judicial”, indicó el ministro Alex Contreras, titular de la cartera de Economía. Asimismo, señaló que los distintos sectores del Gobierno están comprometidos en apoyar las medidas que requiera la campaña de reducción de los niveles de criminalidad.
¿Qué iniciativas serán financiadas por el monto destinado?
Según el Decreto de Urgencia N° 034-2023 publicado en el diario El Peruano este 28 de octubre, el monto asignado tendrá que ser usado en nuevas Unidades de Flagrancia Delictiva, lo que pretende llevar a una respuesta inmediata, eficaz y, principalmente, transparente de las autoridades. Por su parte, las brigadas especiales contra el crimen, las comisarías, los departamentos de investigación criminal y las oficinas de criminalística de los distritos declarados en estado de emergencia serán reforzados, permitiéndoles así acceder a mayor recursos logísticos que faciliten sus labores.
Patrullaje municipal y videovigilancia
La División de Policía Judicial y Requisitorias, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, y los gobiernos locales de los distritos en emergencia implementará o mejorarán sus servicio de patrullaje municipal y videovigilancia.
¿Qué distritos están en emergencia?
Acorde al Decreto Supremo N° 105-2023-PCM emitido en septiembre se declaró en estado de emergencia a los siguientes distritos:
En la provincia de Lima del departamento de Lima, los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Mientras que en la provincia de Sullana del departamento de Piura, los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa.
Contrataciones habilitadas
El Poder Ejecutivo dio la autorización excepcional al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y a las municipalidades distritales en emergencia para que contraten servidores civiles bajo el régimen especial de contratación de servicios administrativos (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057. Dichas contrataciones podrán ser efectuadas hasta el último día del 2023.
Del mismo modo, el Ministerio del Interior (Mininter), y los ya mencionados Poder Judicial y municipios bajo condición de emergencia recibieron la autorización para ejecutar contrataciones de bienes y servicios que ayuden a reducir la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada desde acciones de carácter urgente.