Psicólogo del MIMP es acusado de abusar y embarazar a una menor que estaba dentro de un plan de protección

Luis Yacila Ortega trabajaba en la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali. El Ministerio de la Mujer lo separó tras la denuncia y solicitó su detención preliminar. La sobreviviente busca acceder al aborto legal

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Psicólogo del MIMP es acusado de abusar y embarazar a una menor que estaba dentro de un plan de protección ()

Una menor que era asistida por la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali ―después de sobrevivir a la explotación sexual de su padrastro— fue víctima de violación por un psicólogo que le brindaba seguimiento a través de esta instancia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Según un informe difundido este jueves por Epicentro, el portafolio presidido por Nancy Tolentino resolvió que la situación de la adolescente no ameritaba que fuera internada en un albergue, pese a su estado de vulnerabilidad, sino que recibiera acompañamiento de una trabajadora social y el psicólogo que la ultrajó.

Se trata de Luis Ángel Yacila Ortega, quien ya fue separado de sus funciones y enfrenta una orden de detención preliminar en medio de una investigación fiscal. La semana pasada, trabajadores del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y de la Comisaría de Yarinacocha realizaron una visita a los asentamientos y las comunidades nativas de la zona, algunas de ellas muy alejadas de la ciudad.

“Son un poco distantes y vamos en bote. En ese ínterin es que el personal tomó conocimiento del caso de la menor que había sido violada por el psicólogo y que tiene dos semanas de gestación”, contó una fuente cercana al caso al portal de investigación.

Personal de Defensoría en Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali. Foto: Defensoría
Personal de Defensoría en Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali. Foto: Defensoría

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el pasado 20 de septiembre y, al día siguiente, el agresor fue identificado y quedó prohibido de ingresar a las instalaciones del MIMP. La fiscal María de los Ángeles Torres, titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, señaló que su despacho buscará que el imputado sea condenado a cadena perpetua.

“Se apresuró la investigación y estamos solicitando la detención preliminar del sujeto. Hemos solicitado también la Cámara Gesell y el reconocimiento médico, ya que la menor aún no ha brindado todo su testimonio porque está internada. Solo tengo la ecografía donde dice que tiene 10 semanas de gestación”, dijo a Epicentro.

La magistrada confirmó, además, que el agresor se encuentra no habido, mientras que la sobreviviente es atendida en un hospital de Ucayali y aguarda que una junta médica apruebe el aborto legal. Todo embarazo infantil es considerado tortura y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas forzadas a gestar tienen hasta cuatro veces más probabilidades de enfrentar complicaciones con posible peligro mortal.

Comunicado del MIMP
Comunicado del MIMP

A través de un comunicado, el MIMP precisó que ahora sí ha dispuesto la medida de protección de acogimiento residencial de la adolescente, quien ya recibe atención del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).

Según el Ministerio de Salud, entre enero y diciembre del año pasado, se registraron 243 niñas gestantes menores de 15 años en Ucayali, la segunda región con más casos después de Loreto. El último informe del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) reveló, por su parte, que esta región incrementó en casi un 45% los nacimientos en madres menores de 15 años del 2020 al 2022.

A inicios de octubre, la Directora Regional de Salud de Ucayali, Antonia Hinostroza, difundió el caso de una menor de 10 años que fue conducida por su madre a una posta médica de la comunidad de Mazaray, en esta misma región, para pasar por un control prenatal. Estaba embarazada de su padrastro, Mario Yumbato (53), quien la abusaba sexualmente desde inicios de año.

La víctima fue derivada al Hospital Regional de Pucallpa, donde los médicos diagnosticaron alto riesgo obstétrico debido a su edad. Inicialmente, la progenitora se negaba a solicitar la interrupción terapéutica del embarazo, pero formalizó el requerimiento una semana después, cuando ya era tarde.

Al evaluar el caso, la junta médica concluyó que no era no es posible practicarla porque habían pasado las 22 semanas establecidas en el protocolo del Ministerio de Salud. “Posteriormente, se solicita al médico psiquiatra del Hospital Amazónico de Yarinacocha que evalúe a la menor [...] y señaló que no se evidencian criterios de salud mental para interrumpir el embarazo”, dijo.

En rigor, el especialista concluyó que hay un “problema estresante” por los ataques sexuales, pero desestimó que la niña tenga afectación sicológica.

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