Abel Eduardo Vargas Roca (50), un enfermero del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, fue detenido el último jueves en su vivienda del asentamiento Señor de Luren, en San Juan de Lurigancho, por estar implicado en una red de pedofilia, tenencia y distribución de pornografía infantil.
Según un despacho difundido por Exitosa, la orden fue emitida por las autoridades estadounidenses a la Policía Nacional (PNP), que lo capturó pasadas las 6:00 horas, cuando se dirigía a su centro de trabajo.
“Esta persona viene comercializando material de abuso sexual infantil por medios tecnológicos. Las imágenes son reportadas a través de una plataforma informática americana [...] Nos arroja el reporte de 26 imágenes”, detalló el mayor PNP Evans Velásquez, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat).
Los agentes investigan si el auxiliar sanitario empleó su cargo de para incurrir en la práctica ilícita. “Tan solo la posesión de este material es delito, pero estamos investigando si él fabricaba. Tenemos información de que es enfermero tecnólogo, queremos ver si ha abusado de su profesión para presuntamente generar [material]”, agregó el mando policial.
Durante la intervención, la institución decomisó una laptop, una impresora, dos teléfonos celulares y un chip, que serán estudiados por un equipo de analistas informáticos del departamento de Ciber Protección Infantil de la Divindat.
Vargas Roca, sindicado como difusor del material en grupos y foros privados de internet de otros países, permanecerá detenido durante siete días mientras es investigado con la Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas de Lima. En todo momento, guardó silencio, mientras leía su orden de captura.
De acuerdo con la Divindat, las principales modalidades de captación de menores son el grooming (acoso sexual de una persona adulta), el ciberbullying (hostigamiento y agresión con la intención de propagar mensajes o imágenes), sexting (actividad de enviar fotografías y/o videos de contenido sexual), y sextorsión (amenaza de revelar información íntima).
Hasta septiembre pasado, esta unidad policial detuvo a 27 implicados en la elaboración y distribución de pornografía infantil. Solo el mes anterior se había ejecutado una operación que acabó con tres investigados por difundir contenido pornográfico de menores en redes sociales, a quienes el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva.
La diligencia fue liderada por la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, tras una investigación iniciada a inicios de 2023, cuando Google reportó la existencia de un usuario —utilizado por uno de los investigados— “que distribuía material con contenido de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes”.
En esa operación fueron rescatadas cuatro menores, quienes fueron halladas en el lugar donde se cometían los abusos y producción del material ilícito. Los detenidos usaban a niñas y adolescentes —la menor tenía 6 años— para producir contenido pornográfico y subirlo a redes sociales. La Fiscalía investigaba si las sobrevivientes eran hermanas de sus abusadores.
El director general de Niñas y Adolescentes del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Henry Aguilera, señaló entonces que se trataba de un “caso preocupante” y que su departamento se había hecho cargo de la seguridad y protección de las víctimas.
Según un informe de El Peruano, el 2022 cerró con un récord de 229 capturados por ciberdelitos y 3,946 denuncias, de las cuales 530 fueron casos de acceso ilícito; 326, de pornografía infantil y 128, de acoso sexual mediante tecnologías de la información.
Pornografía infantil
El juez Méjico Leaño precisó en setiembre también que la pornografía infantil es un delito perpetrado por aquel que posee, comercializa, difunde imágenes pornográficas de menores, lo que es sancionado con una pena no menor de diez ni mayor 15 años de prisión.
“En caso de que las imágenes no sean auténticas o sean modificadas por el uso de inteligencia artificial, podría evaluarse el acoso y la posibilidad de configuración de pornografía infantil, porque se está dañando la imagen y denigrando la dignidad de las menores de edad”, dijo.
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