El fiscal superior Javier Quiróz, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, declaró el último lunes la nulidad de una disposición que impedía formalizar o continuar una investigación por lavado de activos contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.
La disposición fue tomada en respuesta al recurso de elevación interpuesto por el procurador anticorrupción Miguel Sánchez y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) contra la orden que emitió en julio pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe.
De acuerdo con el documento, Quiróz invocó a la fiscal proceder “de forma célere emitir una nueva” resolución bajo las observaciones formuladas, cumplir con las directivas de la Fiscalía de la Nación y actuar con “más celo en sus funciones” con relación al caso.
Bajo la óptica del magistrado, Ninaquispe no tomó en cuenta las diligencias que desarrolló la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, luego de una denuncia entablada por la ADFP en julio de 2022.
Cuatro meses después de que se elevara esta acusación, la Fiscalía Supraprovincial remitió los actuados a la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, a cargo de la fiscal, quien finalmente envió el caso al archivo.
Para la ADFP, encargada de organizar los campeonatos de clubes de Primera División en el Perú, Lozano tendría testaferros y operadores que registran sus bienes a su nombre para evitar, eventualmente, que su patrimonio incremente en la esfera formal, aunque lo gozaría en la práctica.
La institución denunció, además, que el presidente de la FPF habría instrumentalizado el cargo para realizar actos ilegales junto con presuntos colaboradores, entre los que se encuentran su esposa e hija, así como el exmiembro de su directorio, Lucio Alva, y otros presidentes de Ligas Departamentales.
De igual modo, refirió que una de las investigaciones por lavado de activos se enmarca en la reventa de entradas en los partidos que disputó la selección peruana durante las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018 y por su gestión cuando fue alcalde de Chongoyape con el partido Alianza para el Progreso.
La Procuraduría, por su parte, requirió que se recabe la declaración indagatoria de Lozano, que se establezca un período de investigación adecuado, que se reúna su información contable o financiera, y que se le solicite al directivo acreditar la procedencia del dinero con el que adquirió sus bienes.
La nulidad de la disposición se ha hecho pública la misma semana en que Panorama reveló que Lozano habría usado la tarjeta de crédito del organismo deportivo que dirige para pagar, por ejemplo, 8,595.50 soles por comer en el lujoso restaurante Central y otros consumos en establecimientos, que oscilan entre los mil y cinco mil soles.
En septiembre de 2022, el Ministerio Público anunció que dispuso formalizar una investigación contra Lozano por presunto enriquecimiento ilícito ante el presunto aumento de su patrimonio, de manera sospechosa e injustificada, cuando ejerció la alcaldía de Chongoyape (2011-2018).
En diciembre de ese mismo año, fue cercado en otra investigación fiscal, junto con 12 miembros más de la directiva de la FPF, por presunta corrupción, un caso por las que hace unos días se efectuaron diligencias en la Villa Deportiva Nacional (Videna).
De acuerdo con la tesis fiscal, la organización criminal a la que pertenecería Lozano, quien asumió el cargo de titular tras la detención de su predecesor, Edwin Oviedo ―condenado a prisión por corrupción—, utilizó la FPF para repartir montos de dinero entre clubes de fútbol profesionales de primera y segunda, además de clubes departamentales, para la cancelación de obligaciones y deudas.
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