Ministerio de Vivienda es responsable de contaminación en la cuenca Coata y bahía del Titicaca, determina fallo judicial

Tras seis años de incansable lucha por parte de las comunidades puneñas de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, el Segundo Juzgado Civil de San Román-Juliaca (Puno) ha reconocido que los ciudadanos de la cuenca Coata viven expuestos a la contaminación ambiental de los ríos Torococha y Coata y la bahía del lago Titicaca.

En 2018, de acuerdo a análisis realizados por la Dirección Regional de Salud de Puno, se comprobó que la población llevaba años abasteciéndose de agua contaminada. Esto debido a que los pozos de agua para consumo humano de dichas jurisdicciones contienen metales pesados. Entre ellos, arsénico, manganeso, boro y sodio, superando límites superiores a los permisibles.

En esa misma línea, por medio de pruebas que miden los niveles de metales posiblemente dañinos en la sangre, se identificó que las personas adultas, adolescentes, niños y niñas presentaron arsénico y mercurio en sus organismos.

Además, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) confirmó la presencia de metales pesados en las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca Coata, y, por otro lado, se constató que el líquido elemento presenta coliformes fecales y bacterias escherichia coli.

En ese sentido, la sentencia 183-2023, expedida por el Juez Andrés Carita Quispe, ha ordenado a las autoridades públicas responsables brindar agua potable salubre a la población afectada por medio de medidas específicas.

De acuerdo al fallo judicial, los responsables directos son, en primer lugar, el Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno y la Municipalidad Provincial de San Román, quienes deberán adoptar medidas inmediatas destinadas a la atención médica especializada de las comunidades de Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto.

Por ello, para el restablecimiento de condiciones mínimas de vida digna a favor de la población, se ha ordenado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) implementar un sistema de potabilización del agua con el objetivo de convertirla en apta para su consumo humano y construir una planta de tratamiento de residuos sólidos equipada con maquinaria de calidad.

Asimismo, suspender de manera inmediata el vertimiento de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento en cuerpos de agua por parte de la Municipalidad Provincial de San Román y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDA Juliaca.

Y, también, cesar el vertido de residuos causados por el sector salud y derivados, cuya gestión está a cargo de la Dirección Regional de Salud de Puno y su Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.

Siguiendo los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú, en este caso se habrían cometido graves violaciones a la dignidad humana y a los derechos humanos, a la vida, a la salud, al acceso al agua potable, a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado.

Ante ello, en 2017, las personas de las jurisdicciones afectadas por la contaminación ambiental interpusieron una demanda constitucional de amparo por la afectación directa a sus derechos fundamentales.

Cabe recordar que dicha sentencia resulta histórica en el movimiento social surandino, ya que es el resultado de sus constantes incidencias y acciones colectivas de protesta organizadas entre las comunidades de la cuenca Coata, con el acompañamiento activo de la asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Esta última asociación civil peruana asesoró en el proceso judicial, así como los monitoreos fisicoquímicos del agua en la cuenca Coata.