Ejecutivo autoriza uso de canon y sobrecanon para fortalecer la seguridad ciudadana en gobiernos regionales y locales

Mientras la inseguridad ciudadana se sigue manteniendo en varios distritos del Perú, a pesar del estado de emergencia, el Gobierno ha aprobado una medida para que los gobiernos regionales y locales puedan hacer uso de los recursos del canon y sobrecanon en materias de seguridad en sus jurisdicciones.

Así, en la tarde del lunes 23 de octubre, el Primer Ministro, Alberto Otárola señaló que dada las facultades legislativas que dio el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, se decidió aprobar esta norma por decreto legislativo, para permitir “que se repotencien las comisarías y un trabajo más estrecho entre la Policía Nacional y los gobiernos, especialmente locales”.

En conferencia de prensa, con autoridades del gobierno de Dina Boluarte, el titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero resaltó que gracias a esta medida “ahora sí los alcaldes y gobernadores regionales podrán invertir en seguridad ciudadana”.

Asimismo, comentó que, gracias a la norma, estos gobiernos podrían, por ejemplo, adquirir “equipamiento e infraestructura en la Policía Nacional y así mejorar la seguridad ciudadana”. Dado que antes no existía tal norma, las regiones no podían invertir en esta materia y hasta la actualidad solo se destinaba cerca del 3,4% del presupuesto del canon y sobrecanon.

Añadido a esto, otra de las medidas que Otárola anunció está dirigida a fortalecer las unidades de flagrancia de delitos. “Esta es una norma que consideramos potente, muy importante, y que va en línea con la lucha frontal contra la delincuencia que ha emprendido este gobierno”, agregó.

Anteriormente, la primera medida por decreto legislativo en materia de seguridad ciudadana que fue aprobada, fue la que promulgó el Gobierno para expulsar a los extranjeros que fueran atrapados de forma flagrante cometiendo delitos en Perú. Asimismo, también se dispuso una sanción para los extranjeros que estén promovieron el traslado ilegal hacia el país.

La segunda de estas normas fue la ampliación de 4 a 12 horas del plazo de la Policía Nacional para que pueda realizar el control de identidad de los ciudadanos foráneos. Lo que hizo la tercera, por su parte, fue modificar del Código Penal en la figura de robo agravado e incorporó el robo de equipos celulares, informáticos u otros similares, como agravante.

Sin embargo, causó mucha controversia la pena para esta última medida, dado que planteó de 20 a 30 años como castigo para el robo de estos aparatos, cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados, lo que algunos analistas encontraron como desmedido.

Si bien se ha instaurado estado de emergencia en diferentes distritos, por la creciente delincuencia, este ha sido percibido como inútil e inefectivo para detener los crímenes. Infobae Perú, así, conversó anteriormente con César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, para informar de más detalles sobre el panorama de las jurisdicciones y analizar cómo ha sido el balance de esta decisión del Gobierno.

Así, los resultados han sido percibidos como muy pobres. “Si no hay una mirada integral de lo que se ha hecho, lo que se hace y se quiere hacer; entonces, será más de lo mismo. Lo que debería hacer este gobierno es potenciar y modernizar la Policía”, agregó el experto. Con este nuevo decreto legislativo, se apunta puntualmente a esto, aunque sus efectos están por verse.