La junta médica del Hospital Regional de Cajamarca aprobó este martes el aborto terapéutico para una menor de 14 años víctima de violación, después de que la audiencia fue postergada por motivos de salud de uno de los especialistas.
La sobreviviente, quien presenta ideación suicida, pedía acceder a este procedimiento, legal desde 1924, para mitigar el riesgo de muerte frente a un embarazo de casi 10 semanas. Con la decisión médica, la interrupción terapéutica de la gestación se realizaría entre hoy y mañana.
Todo embarazo infantil es considerado tortura y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas forzadas a gestar tienen hasta cuatro veces más probabilidades de enfrentar complicaciones con posible peligro mortal.
La semana pasada, el padre de la sobreviviente había denunciado que una psicóloga del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la provincia de San Marcos, adonde acudieron para solicitar el procedimiento, la amenazó con enviarla a la cárcel si accedía a este derecho.
“La psicóloga llamó a mi ‘china’ y le dijo que no puede hacer nada; que lo tenga y que, si ella aborta, la mandan presa. Mi china salió llorando. Así no deben tratar, deben decir que van a ayudar”, contó el progenitor antes de mencionar que su hija todavía no ha sido entrevista en la Cámara Gesell y permanece hospitalizada con 14 semanas de gestación.
De igual modo, señaló que la denuncia interpuesta en la Policía Nacional llegó al Ministerio Público luego de cinco días y, recién este martes, se consumó la detención de los abuelos acusados —Pelayo Sánchez Escobedo y Juan Alberto Muñoz Aguilar—, quienes permanecen en comisaría.
Los ancianos, de 66 y 69 años, afrontan una requisitoria vigente solicitada por el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la provincia. “La Policía se demoró, la fiscal se demoró, no sé por qué [...] Pido que se determine de una vez [la procedencia del aborto legal]”, requirió el padre durante una entrevista difundida el lunes en Al Estilo Juliana.
“Está deprimida. Dice que es fuerte y está bien, pero se pone a llorar. Yo le digo: tranquila. También le he dicho que han agarrado al abuelo [agresor] y se ha puesto un poco contenta”, siguió.
Perú es la única nación de la región que ha acumulado tres sanciones por cortes internacionales tras negar este derecho a menores en riesgo mortal, un caso paradigmático en América Latina, donde el acceso a todavía es desigual, pero que tiene a Argentina y Colombia a la vanguardia.
Para acceder a un aborto legal en el país, el procedimiento debe aprobarlo una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital con especialidades básicas. Sin embargo, esa designación de personal específico representa por sí sola una barrera, como detalló Infobae Perú en un informe.
A fines de septiembre, una niña de 13 años que no accedió a este derecho —y fue forzada a llevar a término el embarazo— falleció cuando era trasladada a un hospital de Satipo (Junín), debido a una complicación posparto. La menor alumbró prematuramente a los ocho meses y registró una retención placentaria que generó su deceso.
En la víspera, la organización feminista Manuela Ramos dirigió una nota de rechazo contra el monseñor Richard Alarcón, arzobispo del Cusco, quien pidió la semana pasada negar el aborto terapéutico a dos niñas de 10 y 12 años que fueron víctimas de abuso sexual en la provincia de La Convención.
La misiva, respaldada por casi un centenar de agrupaciones vinculadas al cuidado y la defensa de la salud sexual y reproductiva, exige al religioso no interferir en la garantía de este derecho. “Consideramos que a nadie se le debe obligar a hacer sacrificios extremos, y eso es lo que ustedes están sugiriendo al forzar a las niñas, cuyo cuerpo no está preparado, a llevar una gestación”, remarcó el pronunciamiento al advertir que el “embarazo infantil es tortura”.
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