Patricia Benavides establece nuevas diligencias en la ampliación de la investigación contra Dina Boluarte

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió el último lunes 23 de octubre la ampliación por 8 meses más del plazo de la investigación preliminar que se sigue contra la presidenta Dina Boluarte; por los delitos de homicidio calificado, genocidio y lesiones graves resultantes de los asesinatos y abusos perpetrados en contra de más de 50 peruanos durante las marchas en contra de su Gobierno.

La disposición de la titular del Ministerio Público se dio a menos de dos días de cumplirse el vencimiento del periodo preliminar. En el documento, al que accedió Infobae Perú, se detalla la ampliación a fin de que se lleven a cabo una serie de diligencias en contra no solo de la mandataria, sino también del varios de los ministros y exministros que la acompañaron durante los primeros meses de su gobierno.

“La señora Fiscal de la Nación que suscribe, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 334°; dispones prorrogar hasta ocho meses el plazo de ampliación excepcional dispuesto en la investigación preliminar contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas, Jorge Chávez Cresta y Vicente Romero”, se precisa en dicha disposición.

De la misma manera, en la disposición n°08 de la carpeta principal que sigue las investigaciones, Patricia Benavides Vargas también dispone una serie de acciones que se realizarán durante este periodo adicional concedido por la funcionaria.

En total, se ha reprogramado un total de 61 testimonios de diferentes implicados en el caso, entre testigos, sospechosos implicados, familiares y miembros de las fuerzas del orden comprendidas por la PNP y las Fuerzas Armadas. Del total de las sesiones reprogramadas, se ha determinado que 27 de los testigos de la parte agraviada sean citados al despacho fiscal de Benavides Vargas, ubicado en la Av. Abancay.

Respecto a los otros 34 testigos cuya toma de declaración ha sido reprogramada, y que son provenientes de la parte investigada, la fiscalía ha dispuesto que estos sean citados “bajo apercibimiento de disponerse la conducción compulsiva en caso de inasistencia injustificada”.

Por otro lado, se ha programado junto a los otros 34 testigos anteriores, la ampliación de declaración testimonial del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, a fin de que preste declaración respecto a las nuevas líneas de investigación iniciadas por la fiscalía.

La mayoría de estos testigos pertenecen a instituciones como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, e incluso exgobernadores de las regiones en las que ocurrieron las muertes, como es el caso del exgobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón; y otros miembros incluso del Gabinete técnico de la presidenta, como Raul Alberto Molita; además de miembros de la DINI, como es el caso de Roger Arista Perea.

Pero no solo eso, durante este periodo adicional de 8 meses también se ha dispuesto la programación de una serie de toma de declaraciones para “las presuntas víctimas del delito contra la vida, el cuerpo y la salud” en la categoría de lesiones graves y leves. Estos damnificados son un total de 241 ciudadanos peruanos, de diferentes regiones del Perú en las que se habrían perpetrado los abusos.

Cabe destacar que, según esta disposición, todas las diligencias están programadas para realizarse en la misma oficina de la Fiscal Patricia Benavides, en la sede de la avenida Abancay en Lima; pese a que muchas de estas víctimas se encuentran fuera de la capital. Además, se ha planteado la toma de declaraciones de un total de 27 testigos en diversos casos.

En ese sentido, el Ministerio Público también ha dispuesto que recién se entreguen los certificados médicos legales de todos los muertos registrados durante las protestas en las marchas que se dieron en diferentes partes del país.