La organización feminista Manuela Ramos dirigió este lunes una nota de rechazo contra el monseñor Richard Alarcón, arzobispo del Cusco, quien pidió la semana pasada negar el aborto terapéutico a dos niñas de 10 y 12 años que fueron víctimas de abuso sexual en la provincia de La Convención.
La misiva, respaldada por casi un centenar de agrupaciones vinculadas al cuidado y la defensa de la salud sexual y reproductiva, exige al religioso no interferir un procedimiento legal desde 1924, ni exponer a las sobrevivientes al riesgo de muerte.
“Consideramos que a nadie se le debe obligar a hacer sacrificios extremos, y eso es lo que ustedes están sugiriendo al forzar a las niñas, cuyo cuerpo no está preparado, a llevar una gestación, cuando está demostrado que un embarazo en estas condiciones representa un alto riesgo para su salud y sus vidas”, se lee en el pronunciamiento antes de advertir que el “embarazo infantil es tortura”.
“Lamentablemente, en el Perú, cada año, 1600 niñas menores de 15 años se convierten en madres, como resultado de abusos sexuales; es decir, cada día, 4 niñas de 10 a 14 años son obligadas a dar a luz. En todas estas situaciones se ha puesto y se pone en riesgo los derechos básicos de las niñas, a pesar de que el Estado tiene obligaciones internacionales”, continúa el texto.
La organización también invocó “a unir esfuerzos para que nuestras niñas no tengan que seguir padeciendo las graves implicancias de la violación sexual, y además, no se las someta a la tortura y al riesgo que significa un embarazo para sus vidas y su salud”.
El arzobispo había propuesto que la gestación de ambas sobrevivientes llegue a término, aun cuando sus vidas están en riesgo. “[Ellas deben] contar con todo el cuidado y atención del Estado y de la sociedad, que deben velar por su salud integral, sanando las heridas del trauma de la violación y asegurando en todo lo posible su bienestar para su futuro. En estos casos de violación no solo está el violador y la víctima, sino también un nuevo ser humano que se ha engendrado, lamentablemente”, señalaba el documento difundido por Epicentro TV.
De igual modo, citaba un pronunciamiento emitido en agosto pasado por la Conferencia Episcopal Peruana para rechazar la interrupción terapéutica del embarazo a la que accedió ‘Mila’, una niña violada a quien inicialmente la junta médica le negó este derecho en Loreto.
Los párrafos finales de Alarcón contenían bulos sobre el procedimiento y desestimaban que el Comité del Niño de Naciones Unidas ordenó al Perú despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, así como asegurar el acceso y cuidados postaborto para niñas gestantes.
“Seamos conscientes de que el aborto condena a muerte al inocente y expone a un mayor daño a la víctima, que le puede provocar daños físicos y psicológicos. No se puede justificar un mal, en este caso un aborto directo, para obtener supuestamente el bienestar de otra persona”, zanjó el religioso.
Perú es la única nación de la región que ha acumulado tres sanciones por cortes internacionales tras negar este derecho a menores en riesgo mortal, un caso paradigmático en América Latina, donde el acceso a todavía es desigual, pero que tiene a Argentina y Colombia a la vanguardia.
Para acceder a un aborto legal en el país, el procedimiento debe aprobarlo una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital con especialidades básicas. Sin embargo, esa designación de personal específico representa por sí sola una barrera, como detalló Infobae Perú en un informe.
A fines de septiembre, una niña de 13 años que no accedió a este derecho —y fue forzada a llevar a término el embarazo— falleció cuando era trasladada a un hospital de Satipo (Junín), debido a una complicación posparto. La menor alumbró prematuramente a los ocho meses y registró una retención placentaria que desencadenó su deceso.
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