Los pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo producido en enero del año pasado continúan en pie de lucha, pero sin respuestas por parte de los responsables que ocasionaron el desastre ambiental, sobre todo, los vinculados al Gobierno.
A inicios de octubre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) propuso abrir una Mesa de Diálogo con la finalidad de escuchar —una vez más— las demandas generadas en torno al retraso en la atención de las solicitudes presentadas por las personas que se consideran afectadas por las acciones de la multinacional española Repsol, culpable del derrame de 11 mil 900 barriles de petróleo en el mar peruano, cifra sostenida por el mismo Poder Ejecutivo.
El proceso de diálogo incluyó la participación de las carteras de Energía y Minas, Salud, Ambiente, Producción, Justicia y Derechos Humanos; el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); el Instituto del Mar del Perú (Imarpe); el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).
Mientras que por el lado de los agraviados, se invitó a un representante por cada distrito afectado. Estos son Ancón, Aucallama, Santa Rosa, Ventanilla y Chancay. Las jurisdicciones con las playas y acantilados más impactados a causa de la contaminación con hidrocarburos, al igual que miles de personas dedicadas a las actividades relacionadas con el mar.
Sin embargo, lo cierto es que no se habría llegado a ningún acuerdo, pues, según al presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo, Germán Melchor, hasta el momento, la PCM no demuestra intenciones claras en proponer acciones y alternativas de solución a sus reclamos.
Prueba de ello sería que en dicha mesa de diálogo apenas se abordó un punto de la agenda de demandas: los pescadores artesanales rezagados que continúan sin acceder al registro de afectados por el desastre ambiental.
“Solamente hubo conversación, no se llegó a nada concreto. La PCM no quiere asumir responsabilidades. Queremos un acuerdo que garantice los derechos de todos los afectados y el Estado tiene la potestad de hacerlo. Cuando hay una mesa de diálogo no quieren ni siquiera comprometerse a firmar un acta. No hay interés político”, expresó el dirigente pescador.
Afectados exigen compensación justa
De acuerdo a una nota de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a la fecha, la empresa Repsol ha comunicado ante la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM que hay un total de 57 mil registros de solicitudes de personas que consideran haber sido afectadas por el derrame, y que al 31 de mayo cuentan con un total de 38 mil 867 expedientes en proceso de evaluación.
No obstante, los dirigentes pescadores indican que aún existen personas afectadas que no han sido empadronadas dentro del Padrón Único de Afectados y no se ha respetado la valorización de la compensación. Además, señalan que, con frecuencia, las reuniones organizadas por la PCM para abordar sus pedidos de atención no consideran sus realidades.
Esto debido a que cada proceso de limpieza y reactivación de las actividades económicas no son los mismos, explica Jean Pierre Araujo, asesor legal de la SPDA.
“Esta situación exige que los afectados cuenten realmente con los medios y espacios reales de identificación de necesidades, no todo puede recaer en un solo representante, que además tendrá que asegurar los fondos necesarios para recoger las diferentes demandas en todos los distritos y playas afectadas”, precisó el especialista.
Pescadores esperan llegar a acuerdos
Este martes, más temprano, los pescadores de los cinco distritos afectados por el derrame bloquearon las vías en ambos sentidos de la avenida Néstor Gambetta, ubicada en Ventanilla. Hasta el lugar, llegaron efectivos, quienes reprimieron con bombas lacrimógenas y dispersaron a los manifestantes.
La medida de protesta se tomó en rechazo a la multinacional española que continúa operando, sin tener en cuenta que, desde el año 2023, más del 96% de los pescadores no han firmado un contrato que les permita trabajar y han quedado sin ingresos.
“De los cinco distritos han salido en el padrón 10 mil 300 pescadores, si eso lo dividimos entre los cinco distritos, estamos hablando de dos mil por distrito, pero no todos son pescadores. Eso es lo que no quiere entender Repsol. La empresa que causa el daño, según el decreto supremo Nº 081-2007-EM, tiene que identificar a los afectados”, declaró el dirigente pescador Germán Melchor para este medio.
En esa línea, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM ha convocado a una reunión de coordinación para este miércoles 25 de octubre, a las 11 a.m., en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), con el fin de contribuir en la reapertura del registro de afectados por el derrame de petróleo. Cabe resaltar que la invitación solo incluye a las organizaciones del distrito de Aucallama.
Respuesta de Repsol
En un comunicado emitido este martes, la multinacional señaló que respeta la manifestación pacífica, pero rechaza todo acto de violencia. A su vez, reiteró que las diversas mediciones en la zona afectada confirman que tanto el mar como las playas cumplen con los estándares de calidad ambiental y no representan riesgo alguno para la salud.
“Existen desde hace varios meses las condiciones para la reactivación de la pesca y las actividades recreativas. Una prueba de esto son los desembarques oficiales de pescado en Ancón y Chancay”, afirman.
Respecto a los acuerdos de compensación, señalan que más de 10 mil personas han firmado los correspondientes al año 2022. Aquí están incluidos más de 3.700 pescadores artesanales. “Para el 2023, la compañía continúa con dicho proceso en base al Padrón Único de Afectados, elaborado por la PCM e Indeci, y compuesto por 10.300 personas”.
“Refinería La Pampilla vuelve a indicar que se está revisando caso por caso y se considerará a aquellas que cuenten con documentos probatorios de afectación antes de la fecha del derrame”, apuntan.