El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, admitió este martes que la declaratoria del estado de emergencia, vigente después de que un explosivo detonara en una discoteca del distrito, ha fallado con la caída de presencia policial y al menos diez crímenes desde que la medida fue oficializada.
“Necesitábamos que el control territorial se haga por parte de las fuerzas armadas, algo que no tenemos. Necesitábamos el incremento de mayor presencia policial y una mejor estrategia en la investigación e inteligencia, [pero] transcurrido estos 30 días, eso ha disminuido. Y es peligrosísimo porque [...] la delincuencia vuelve a apoderarse de las calles”, reconoció en una entrevista difundida por Canal N.
“A la luz de casi diez fallecidos en estos 30 días, podríamos decir que está fallando la declaratoria de emergencia, principalmente, porque no hay control territorial. [Por eso], lo que pedimos es que las fuerzas armadas salgan a ser agentes disuasivos de la delincuencia en una conducción de la Policía Nacional”, continuó.
Las declaraciones del burgomaestre llegan un día después de que acudiera al velatorio de dos serenos ultimados por sicarios, Yuri Lapa y Jairo Ulloa. Según los familiares de los agentes, ambos habían acudido al llamado de un mototaxista, también asesinado. Mientras lo asistían, fueron impactados por delincuentes.
Las investigaciones del triple crimen están en curso, mientras que la comunidad de serenos invoca la compra de chalecos antibalas y mayor protección legal. Según Ipsos Perú, un 47% de encuestados declaró que fue víctima de algún tipo de delito en este distrito en los últimos 12 meses.
“Cuando se inició la declaratoria, tenía policías en las estaciones. En los mercados, había efectivos del Ministerio del Interior. En las noches había presencia de las fuerzas armas. Hoy, eso está retrocediendo, y es una de las cosas que más llamaría la atención en el estado de emergencia”, comentó Maldonado.
El alcalde refirió de igual modo que, si bien hubo una estrategia conjunta, no se ejecutó de manera efectiva. “Sin presupuesto, no se puede hacer mayores esfuerzos. La Policía necesita recursos, y no se los brindan desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta es una decisión política que debe tener la presidenta Dina Boluarte. Les exigimos patrullajes, pero sin camionetas, ni motocicletas, ni elementos es difícil”, consideró.
Aunque su administración presentó una ampliación presupuestal de aproximadamente 40 millones de soles —para cámaras, contratación de más serenos y fiscalizadores, entre otros elementos para enfrentar la delincuencia—, los fondos todavía no son canalizados.
“Lo hemos presentado al MEF, nos han confirmado hace dos días la transferencia, pero todavía no se ha materializado. No nos han dicho una fecha exacta, esperemos que sea esta semana. La naturaleza de SJL y el nivel de conflictividad amerita toda la atención del Gobierno”, anotó antes de condicionar un eventual pedido para extender la medida.
“Una ampliación [del estado de emergencia] sin presupuesto, en realidad, no sería más que otro papel firmado. [Todo] dependerá de la evaluación del ministro del Interior y la presidenta, [pero] tiene que hacerse con base en la ejecución presupuestal de cada una de las instituciones. Sin eso, será difícil que la realidad a la que nos enfrentamos pueda ser cambiada”, remarcó.
Junto a San Juan de Lurigancho, los distitos limeños bajo la declaratoria son San Martín de Porres, Lince y el Cercado de Lima, el segundo distrito con alta incidencia delictiva, de extorsiones y estafas, pese a que en su extensión se ubica el centro histórico y las sedes de los poderes del Estado.
Algunos derechos constitucionales como el de libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio han quedado suspendidos y no hay actividad comercial desde la medianoche hasta las cuatro de la madrugada, lo cual generó las protestas de los comerciantes locales.
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