Pueblo Kichwa denuncia despojo de su territorio por parte de quienes administran Parque Nacional Cordillera Azul

Recientemente, la lideresa del pueblo indígena Kichwa, Nelsith Sangama Sangama, recordó al Estado peruano que aún tiene deudas pendientes con las comunidades nativas.

De todas estas existe una en particular que preocupa considerablemente al pueblo originario: sus demandas de titulación. Una necesidad que continúa sin resolverse por el establecimiento del Parque Nacional Cordillera Azul (en adelante PNCAZ), el cual se superpone a sus territorios ancestrales situados entre los ríos Huallaga y Ucayali, en los departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco.

El pueblo indígena afectado señala que el cuarto parque nacional más grande del Perú, establecido hace 22 años mediante el Decreto Supremo N° 031-2001-AG, fue creado sin consulta previa.

El derecho aprobado por el Congreso de la República, en agosto de 2011, ordena que debe establecerse un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas para llegar a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los derechos colectivos de los pueblos originarios, de acuerdo al Ministerio de Cultura (Mincul).

Como resultado, hoy, las familias kichwa alertan con frecuencia que viven el despojo de sus tierras y no cuentan con seguridad territorial ni jurídica.

En primer lugar, las comunidades kichwa advierten que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) del Ministerio de Ambiente y el Centro de Conservación, Tecnología y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), quienes cogestionan de forma participativa mediante un Contrato de Administración Total por 20 años (2008-2028) el área natural protegida, han prohibido la demarcación del territorio indígena al interior del Parque Nacional Cordillera Azul.

Esto, pese a que, desde abril del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aprobó, a través de la modificación de la Resolución Ministerial N°136-2022-MIDAGRI, los lineamientos para la titulación integral de predios de comunidades nativas que se encuentren en el ámbito de áreas naturales protegidas.

Aun así, según un análisis normativo publicado por el Instituto de Defensa Legal, el Sernanp persiste en señalar a los afectados que la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANPs), en su artículo 4, indica que estas son de dominio público y no pueden ser adjudicadas en propiedad, sin tomar en cuenta que los pueblos indígenas aparecieron antes de crearse las ANPs.

Si bien el manejo del PNCAZ debe contar a su vez con el involucramiento de los ciudadanos vecinos al área y de sus autoridades locales, provinciales y regionales, organizaciones indígenas acusan a funcionarios del Gobierno Regional de San Martín, del Ministerio de Agricultura, y del Sernanp de no mostrar disposición al diálogo.

Los reclamos tienen el respaldo del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía (CEPKA), la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam), la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (Fepikecha), y la Federación de los Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo Huallaga San Martín (Fepikbhsam).

“Nosotros estamos abiertos a la conversación, pero ya se vienen dando varios años y hasta ahora no nos han entendido. (...) sentimos como que [dijeran que] estas comunidades no tendrían ningún derecho (...) llamamos a dar solución, una respuesta a estas necesidades que hay en las comunidades. [Espero] podamos llegar hasta el Estado y que se pueda solucionar”, declaró la lideresa kichwa Nelsith Sangama Sangama para Ideele.