Aborto terapéutico en el Perú: cuál es el procedimiento para pedirlo y por qué es importante que las niñas accedan a él

El último caso de embarazo sexual infantil en la ciudad de Cajamarca no ha hecho más que evidenciar —una vez más— la cruel realidad a la que están expuestas las niñas del Perú. No solo se trata de la vulneración de su integridad por parte de sus agresores —quienes suelen ser sus propios familiares o personas de confianza—, sino que también se refiere a la revictimización a la que se ven expuestas por parte de los propios trabajadores de la salud, quienes tienden a dilatar la respuesta a los pedidos de sus padres para que puedan acceder a un aborto terapéutico.

No es de sorprender —aunque sí debería alarmar— que, de acuerdo al Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, durante el periodo 2012-2022 fueran 68 las niñas menores de 10 años que se vieron forzadas a convertirse en madres y que, pese a ello, en ninguna de ellas se procedió con la interrupción voluntaria de su embarazo. Al respecto, un informe de Ojo Público dejó constancia de que, en esa misma etapa, apenas una menor de 11 años accedió al mencionado procedimiento.

El panorama expuesto no es más que el resultado de años de estigma y desconocimiento que han ido envolviendo a este tema a pesar de que, en 2024, se cumplirán ya 100 años desde que se legalizó el aborto terapéutico el Perú.

Sin embargo, para hablar de las consecuencias de su aplicación en menores, es necesario conocer primero qué es esta intervención y cuáles son sus implicancias. Eleana Rodríguez, coordinadora del Programa de Derecho Sexual y Ciudadanía en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, lo califica como un “procedimiento que se realiza cuando está en peligro la salud de la mujer, tanto física como mental”.

Por su parte, Lilia Ramírez Varela, abogada que trabaja en el área de incidencia política de la organización feminista Manuela Ramos, especifica que esta “interrupción legal del embarazo” se da como máximo hasta las 22 semanas de gestación. Esto último ha quedado plasmado en el protocolo de aplicación del Ministerio de la Salud (Minsa), el cual fue publicado en el año 2014 para profundizar lo establecido en el Código Penal y para estandarizar dicho procedimiento en todos los hospitales.

“Específicamente se establece que puede ser cualquiera que tenga afectada su salud física o mental, y que su vida esté en peligro. Entonces, esas son las personas que pueden solicitar su aplicación. Es así de amplio lo que establece el Código Penal. Otra cosa distinta es cómo ya poco a poco lo va limitando el protocolo de aborto terapéutico, digamos que es una norma de inferior jerarquía”, explica la especialista.

El embarazo infantil en el Perú se ha convertido en una problemática que requiere atención urgente. Un reciente reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), publicado en el 2023, denunció que, cada día, al menos 11 niñas quedan embarazadas y cuatro se convierten en madres.

Esta realidad se ve reflejada en los casos denunciados por menores en lo que va del 2023: Camila, Mila, las dos niñas en Cusco y ahora la menor de 14 años en Cajamarca —historias que no dejan de repetirse y que van más allá de las cifras porque comprometen el futuro y afectan el proyecto de vida de estas mujeres—.

De acuerdo a la guía de estandarización del aborto terapéutico del Minsa, todas ellas se encontraban aptas para solicitar la formación de una junta médica que analizara su caso; no obstante, aunque los pasos son —en teoría— simples y no tendría que tomar más de seis días calendario obtener una respuesta, no siempre es así.

1. El médico tratante, al percibir los riesgos graves a los que está expuesta la menor, tiene la obligación de informar sobre todas las opciones de tratamiento, entre las que debería encontrarse el aborto terapéutico.
2. El apoderado o apoderada solicitan el acceso al aborto terapéutico para la menor.
3. Una vez preparada, el médico a cargo presenta la solicitud escrita a la Jefatura del Departamento de Gineco-Obstetricia del hospital en el que se atiende.
4. Dicha jefatura llama a una junta médica, la cual debe estar conformada por tres profesionales (un ginecobstetra y dos médicos).
5. El médico a cargo informa a la menor y su apoderado la respuesta de la junta médica.
6. De ser aprobado el aborto terapéutico, el apoderado firma un consentimiento informado y la autorización del procedimiento.
7. La Jefatura del Departamento de Gineco-Obstetricia debe asignar al médico que realizará el procedimiento y este debe ser programado en un plazo no mayor de las siguientes 24 horas.

Con esto en mente, Rodríguez enfatiza en la importancia de reducir el tiempo que dura el trámite, ya que “cada día que pasa coloca en más riesgo la salud e integridad de la niña”.

En tanto, aunque casi no se ve en la práctica, el protocolo precisa que “si la Jefatura del Departamento de Gineco-Obstetricia incumpliera con convocar a la junta médica, el médico o médica tratante informará al director o directora general del establecimiento de salud, quien constituirá y convocará en un plazo no mayor de 24 horas una junta médica”.

La función de los padres y las madres es velar por la integridad de sus hijas; sin embargo, en algunas ocasiones, se denuncian abandonos o negligencias por diversos factores, como la religión, los estigmas, la culpa y el temor.

Es ahí cuando el panorama se complica. Sin embargo, Ramírez enfatiza que “en la guía del Minsa se han puesto los diferentes supuestos para que se resguarde a la menor en todos los casos, a fin de que no haya un vacío y ella quede desprotegida”. En una situación de abandono, por ejemplo, expone que es el Estado el que tiene la tutela y que, mediante las unidades de protección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, “es el que tiene que velar que se cumpla lo que establece el protocolo”. Esto ocurrió en el caso de la menor de 10 años en Cusco, ya que fue el Primer Juzgado Mixto de Echarate el encargado de autorizar el procedimiento debido a la ausencia de sus padres.

Para Rodríguez, es vital que desde casa se enseñe a las menores a denunciar la violencia sexual y que, además, los diferentes niveles del Estado —Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Educación— “trabajen cohesionadamente porque no se puede permitir que tantos casos de niñas violentadas queden en la impunidad”.

En una de sus recomendaciones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha establecido que, entre otras acciones, “la criminalización del aborto, la negación o el retraso del aborto seguro y la continuación forzada del embarazo son formas de violencia de género que podrían constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.

Esta postura fue posteriormente compartida por la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el 2021, como parte de un pronunciamiento oficial —a raíz del embarazo infantil de una menor de 11 años en Bolivia— el organismo afirmó que se debían “intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género que se constituyen en actos de tortura”.

Y es que obligar a una pequeña a convertirse en madre puede afectarla en diferentes aspectos, como su salud mental o su estabilidad emocional. De acuerdo a Ramírez, es importante que cuenten con la posibilidad de poner fin a la gestación porque en muchos casos significa incluso llegar a “salvarles la vida”.

Pero eso no es todo, ya que las menores también presentarán secuelas graves en el ámbito de la salud. “El cuerpo de una niña de 10, de 11, de 12 y menores de estas edades no está preparado ni fisiológicamente ni orgánicamente para enfrentar una gestación. Hay más riesgo de muerte materna e infantil porque el cuerpo no está preparado para enfrentar todo un proceso gestacional de nueve meses y tener que parir. Físicamente no está preparada y tiene más riesgo de sufrir alguna hipertensión o enfermedades propias del embarazo”, explica Rodríguez.

Acudir a un Centro Emergencia Mujer (CEM) debe garantizar la orientación y contención que una mujer en situación de riesgo requiere, más aún cuando se trata de una niña. Pero esto no fue lo que encontró una menor de 14 años en Cajamarca. Su padre denunció que una psicóloga le advirtió que abortar la podría llevar a la cárcel, lo que sumió a la pequeña a un cuadro aún más fuerte de estrés.

Esta experiencia es solo una de las muchas que se dan en los centros de atención para sobrevivientes de violencia, en los que se detectan desde policías que se niegan a ingresar las denuncias hasta personal de salud que deja que su religión afecte su trabajo. Frente a esto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino Gamarra, indicó a RPP que “cualquier funcionario público o servidor público que no actúa en el marco de sus competencias debe ser sancionado”.

Sin embargo, no ofrece medidas concretas tomadas contra la trabajadora denunciada ni cómo se evitará que vuelva ocurrir, tampoco reconoce las carencias en el procedimiento para solicitar el aborto terapéutico de parte de las menores que resultaron embarazadas: “Se ha capacitado a todo (el personal) a nivel nacional, según ellos han reportado. En ese sentido, saludamos que las juntas médicas hoy están con mucha tranquilidad en el marco de la normatividad disponiendo el aborto terapéutico para esas niñas”.

Para la integrante de Flora Tristán, este panorama se acentúa en la Amazonía, la zona de la sierra y otros puntos en los que confluyen otras condiciones, además de ser mujeres y niñas. “Lamentablemente ocurre también por ser de zonas migrantes, quechuahablantes o de lenguas originarias, tienen otra condición de vulnerabilidad: la pobreza, la desigualdad. Entonces, en los hospitales de las regiones, a pesar de que deberían estar preparados para atender estos procedimientos, no las atienden, las tienen que derivar a Lima, se tiene que mediatizar ese caso, se tiene que hacer público”, advierte.

Esto, de acuerdo a la abogada de Manuela Ramos, sumado con otros factores, como la falta de presupuesto para incorporar la Educación Sexual Integral, son “retrocesos” que llevan a que en nuestro país se mantenga la presencia de Camilas y Milas, niñas inocentes que no siempre logran alcanzar justicia.