La Procuraduría general del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación que inicie una investigación de oficio contra la congresista Edith Julón (Alianza para el Progreso) por no informar en su declaración jurada de intereses que tenía un vínculo con Elder Fernández, quien fue alcalde del distrito de Querocoto (Chota, Cajamarca) y sería padre de sus dos hijos.
La entidad liderada por el procurador Daniel Soria Luján señala en su pronunciamiento, aparecido en las redes institucionales, que Julón habría cometido el delito de omisión al trasgredir la Ley Nº 31227. Por ello, es que se plantea que se comiencen con las indagaciones preliminares en el Ministerio Público a fin de establecer su grado de responsabilidad.
La grave omisión de la parlamentaria se destapó el domingo 1 de octubre en el programa Cuarto Poder. En el espacio de América Televisión se dio cuenta que Julón jamás informó que Fernández era su conviviente. La exautoridad edil tampoco colocó que tuviera algún parentesco con la citada integrante de APP.
Esta falta de transparencia tanto de Julón como de Fernández no habría sido casual y, por el contrario, tuvo un trasfondo político.
En noviembre del 2021, Julón solicitó a la Comisión de Presupuesto que se asigne partidas presupuestales que aseguren la transferencia de recursos a municipalidades como Querocoto, donde Fernández era el burgomaestre y apuntaba a ser electo por Chota.
Esa fue la primera intervención de la legisladora de APP a favor de su pareja porque después aparecería en otra actividad de marzo del 2022. En esa ocasión, Julón estuvo en una mesa junto a Fernández y la entonces directora del Pronis (Programa Nacional de Inversiones en Salud), Lidia Saccatoma, quienes anunciaron la inversión en un establecimiento sanitario.
Luego, Julón estaría con Fernández en un evento en el que se informó que construirían un gran centro comercial en Querocoto valorizado en más de 17 millones de soles. A pesar del importante anuncio, la obra nunca se llegó a concretar según denunció el actual teniente alcalde del citado distrito cajamarquino, Temis Ninamaque.
“Por ahí [el Congreso] se canalizaba y se hacía las cosas. El detalle estaba [que lo hizo] a puertas de vencer su período [...]. No sé cómo se hizo esa licitación fantasma”, señaló.
Ante la gravedad de la denuncia, Julón optó por no responder. Tampoco se han tomado acciones desde la Comisión de Ética, cuya presidencia recae en el legislador Diego Bazán (Avanza País).
La risa de Acuña
A raíz de este escándalo que salpica a una congresista de su partido, César Acuña tuvo una particular reacción. Lejos de mostrar su indignación, el gobernador regional de La Libertad solo atinó a reír cuando los medios de comunicación le consultaron al respecto.
“No sé por qué la congresista no dice que es su esposo. Más bien que el esposo le reclame por qué no le quiere decir”, dijo Acuña antes de soltar una inesperada carcajada durante una rueda de prensa.
“Imagínense que, porque una congresista no declara que tiene su pareja, hay que estar investigándola. No, pues, es un tema familiar”, remarcó la autoridad regional en un intento por minimizar los cuestionamientos hacia Julón.
Cabe precisar que la bancada de APP es una de las que más escándalos ha acumulado desde que se instaló en julio del 2021. Recordemos el caso de Freddy Díaz, quien fue desaforado tras ser denunciado por violar a una trabajadora suya. De otro lado, también se reveló en sendos reportajes dominicales que las legisladoras Rosío Torres, Magaly Ruiz, María Acuña, y el actual titular del Parlamento, Alejandro Soto, fueron acusados de recortar los salarios de sus colaboradores.