La minería ilegal se sigue desarrollando sin ninguna restricción de parte del Estado peruano, es así como se reveló que la presencia de esta actividad en La Pampa (Madre de Dios) ha crecido en un 400%, de acuerdo con Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Si bien en el 2019 el ‘Operativo Mercurio’ tenía la finalidad de combatir estos delitos como también la trata de personas y otros, mediante el trabajo articulado de la Fiscalía de la Nación, Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas.
A pesar de ello, un representante de este equipo de trabajo denuncia que no tienen los artículos correspondientes para trasladarse a La Pampa, así lo evidenció el informe de Hildebrandt en sus trece. E incluso no cuentan con personal para los operativos, por lo que afirman que su presupuesto ha disminuido.
A esto se le suma que también deben luchar con la zona de Cusco y Puno, donde no se dan “abasto” para llegar a estos espacios. Un fiscal de este operativo manifiesta que el personal fue reducido este año, por lo que deben dejar de hacer una función para cumplir con otra.
“El 2022 había cinco, para enero del 2023 se redujo a solo dos fiscales ambientales. La carga procesal se ha acumulado. Tanto así que, por asistir a las audiencias, hemos dejado de realizar operativos”, menciona al citado medio esta autoridad.
Reducción de presupuesto
Una de las causas de estas carencias sería la reducción del presupuesto, pero no solo para combatir las organizaciones que están detrás de estos ilícitos, sino también para la empleabilidad en la región. De acuerdo con el citado medio, el Ejecutivo disminuyó a 7 millones y medio de soles el presupuesto de este 2023.
Cuando se instaló el ‘Operativo Mercurio’ la asignación llegó hasta cerca de los 33 millones de soles. El fiscal entrevistado sostiene que no existe “apoyo” de parte del Estado, por lo que ha permitido que los mineros ilegales se sostengan o ganen terreno cada día.
Además, señala que la presencia policial y militar ha disminuido, debido a que antes contaban con un aproximado de 200 efectivos en las tres bases de la Interoceánica, pero actualmente ha variado y solo existe cerca de 60 en cada una.
Un operativo sin apoyo
El trabajo articulado entre las entidades del Estado iban a contribuir para disminuir la presencia de la minería ilegal. No obstante, los cambios de presidentes en los últimos cinco años no han sido positivos para estas acciones, debido a que no todos continuaron con la lucha.
Martín Arana Cardó, autor del informe “Minería ilegal en la Amazonía peruana”, contó que la reducción de las autoridades por la pandemia estas zonas para trasladarse a otra parte del país fueron aprovechados por las mafias.
Asimismo, se menciona que cuando Francisco Sagasti asume la presidencia trató de continuar con este mismo plan en julio de 2021. Sin embargo, en el gobierno de Pedro Castillo no respaldó este operativo al no realizar un acto en contra de los mineros ilegales.
Mientras tanto, el abogado especialista en medio ambiente, César Ipenza, recordó al citado medio sobre la reunión del profesor chotano junto a mineros ilegales en Palacio de Gobierno, donde precisamente no querían la presencia de las fuerzas del orden. Situación que habría sido concedida.
Ipenza sostiene que no existe un “liderazgo” para este sector, debido a que Dina Boluarte continuaría con las mismas acciones de Castillo. Escenario que solo ha perjudicado a los pobladores, pero ha apoderado a las organizaciones criminales.
El estudio de MAAP revela que en el 2021 se identificaron 148 dragas remanentes. Mientras que dos años después se halló 598 dragas en la zona de La Pampa.