Jefe del INPE descarta que todas las llamadas extorsivas se hagan desde las cárceles: “No niego que alguna haya salido de los penales”

Los casos de extorsión en el Perú aumentan con el pasar de los días. Cada vez son más los rubros que son acechados por estas mafias. Al respecto, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque, negó que el 100% se orquesta desde algún penal del país.

En su explicación, Llaque dijo conocer de cerca lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios, por eso descarta que la mayoría de llamadas extorsivas sean de autoría de los reos, sin embargo, igual consideró que alguna de estas si puede salir de las cárceles.

“Mucho se habla de que cantidad de extorsiones se organizan desde los penales. Yo rechazo esa afirmación, con absoluto conocimiento y certeza, de que muchas extorsiones salgan desde los penales. No niego que alguna extorsión haya salido desde los establecimientos penales, pero de ahí a que de 100 extorsiones que hay en la sociedad la mitad o la mayoría se organicen desde penales garantizo que eso no es verdad”, argumentó en La Rotativa del Aire de RPP.

En otro momento de la entrevista, el jefe del INPE precisó que, en busca de cortar el nexo de los reos con el exterior, se están tomando medidas para que la tecnología no llegue a ellos y, por consiguiente, frenar la cadena del crimen.

“A raíz de una alerta que tuvimos a través de algunos medios de comunicación del posible uso de una red de internet para llamadas telefónicas desde el penal de Challapalca —un tema que aún está en investigación incluso de la Policía—, ingresamos al penal para adoptar una serie de medidas orientadas a que la tecnología no sea utilizada indebidamente por los internos para comunicarse y organizar delitos”, aseveró.

“En Challapalca, por ejemplo, está verificado que las llamadas de celular no ingresan por la lejanía al pueblo más cercano. Pero para evitar que utilicen el internet hemos implementado un sistema de gestión de seguridad en todas las líneas que se usan para el trabajo cotidiano”, culminó.

Por su parte, la asesora del Ministerio del Interior, Giovanna Vélez, se pronunció sobre las modificaciones incluidas en el Decreto Legislativo que establece una pena de hasta 30 años para el robo agravado de celulares.

En esa línea, manifestó que la afectación de este delito no solo significa la afectación de la libertad, sino que puede provocar casos de extorsión, ya que los delincuentes vulneran la seguridad e información de las víctimas.

“El cambio está justamente en que no se considere esta conducta como robo simple, que tiene una pena menor, de tres a ocho años. Este agravante va a permitir que la pena sea efectiva. Esto va a potenciar el trabajo de la Policía, que hace todo el esfuerzo de detener incluso en flagrancia, ponerlos a disposición del sistema de justicia y luego se les puede dar una pena suspendida, salir en libertad y volver a delinquir”, agregó.