La relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, se declaró preocupada este jueves ante el intento orquestado desde el Congreso para remover eventualmente a los magistrados que integran la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El pronunciamiento ocurre un día después de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobara un nuevo informe que propone la destitución de los siete juristas por presunta “causa grave en el ejercicio de sus funciones” y golpear, con esa acción, el máximo organismo de control de la Judicatura.
La decisión fue tomada con 15 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, y ahora el informe deberá ser redactado y enviado ante el pleno para su debate y votación.
“Estoy siguiendo de cerca los eventos en Perú. Me preocupa la posible aprobación [de este] informe que recomienda remover a la totalidad de los miembros de la JNJ mediante un mecanismo sumario”, anotó la académica en un comunicado.
“La JNJ cumple el papel de un consejo judicial, que son órganos importantes para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes. El derecho a un juicio justo conlleva el requisito de un juez imparcial, íntimamente ligado al libre e independiente desempeño de la JNJ”, siguió.
Los legisladores que promueven la medida, liderados por Patricia Chirinos (Avanza País), alegan que hubo una “intromisión” de los miembros de la JNJ en las funciones del Parlamento. Los magistrados fueron sometidos a una investigación sumaria tras ser acusados, en principio, de emitir un pronunciamiento a favor de la exfiscal general Zoraida Ávalos.
Asimismo, por el presunto “incumplimiento de deber constitucional” y de su ley orgánica, por no haber presentado un informe anual ante el Congreso, y por la “filtración” de información sobre un procedimiento disciplinario que el organismo sigue contra la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
A fines de septiembre, el pleno extendió por 14 días adicionales el plazo de esta pesquisa a pedido de la Comisión de Justicia. Durante el proceso, la comisión recibió los descargos de los juristas, así como de la propia Benavides y del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien señaló que el proceso se abrió con base en “una serie de especulaciones”.
Para la JNJ, se trata de una amenaza al “ejercicio independiente de sus funciones”. La eventual remoción de sus miembros, además, “constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.
En una misiva en conjunto, la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han rechazado “el avance del ataque institucional del Congreso” contra la Junta.
“Sin procedimiento establecido por la ley ni causales de remoción previamente reguladas, el pleno votará sobre la destitución de todos sus miembros. Si los remueve, al final de un proceso sin garantías de debido proceso, se materializará una alteración del orden constitucional”, advirtieron antes de invocar al Legislativo que cese “su persecución”.
“El Poder Ejecutivo debe romper su silencio connivente. La comunidad internacional debe condenar enérgicamente las acciones del Congreso para dinamitar la separación de poderes. La democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos están en juego”, zanjaron.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a su turno, llamó “al respeto del debido proceso”, ya que consideró que la JNJ es un “organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales” en el país.
Anteriormente, los representantes de la ONU expresaron su “preocupación” por la investigación, por lo que la Cancillería convocó al coordinador residente en Perú, Igor Garafulic, para “transmitirle formalmente la extrañeza” del Gobierno por ese pronunciamiento.
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