El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó este miércoles su respaldo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo organismo de control de la Judicatura, cuyos siete miembros serían eventualmente removidos por un intento orquestado desde el Congreso.
Durante una reunión extraordinaria en Washington (EE.UU), el abogado y diplomático remarcó que la OEA es aliado del Perú “para defender la democracia en este tiempo de crisis y cambios bruscos”.
“Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. En ese sentido, compartimos con el primer ministro [Alberto Otárola] la necesidad de la independencia de la JNJ, la ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales] y la Fiscalía contra la corrupción. La OEA definitivamente seguirá con ustedes dando seguimiento y esperamos aceptar una invitación para visitar su país”, señaló.
Almagro agregó que solo los valores democráticos “permiten sobrellevar capítulos complejos” y “convertirse en referentes” de resiliencia. “No en vano, la Carta Democrática Interamericana vio la luz en Lima en 2001 y estoy seguro de que esos valores seguirán guiando a Perú en ese período”, confió.
Recordó, de igual modo, que los desafíos de la región y el país son la reducción de la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la crisis de seguridad ciudadana, así como el acceso a la justicia social y la inclusión de los pueblos segregados “por el colonialismo, la historia y los presente”.
Su discurso fue emitido el mismo día en que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó un nuevo informe que propone la destitución de los siete juristas por presunta “causa grave en el ejercicio de sus funciones” y golpear, con esa acción, al organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales del país.
La decisión fue tomada con 15 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, y ahora el informe deberá ser redactado y enviado ante el pleno para su debate y votación. Los legisladores que promueven la medida, liderados por Patricia Chirinos (Avanza País), alegan que hubo una “intromisión” de los miembros de la JNJ en las funciones del Parlamento.
Los magistrados fueron sometidos a una investigación sumaria tras ser acusados, en principio, de emitir un pronunciamiento a favor de la exfiscal general Zoraida Ávalos. Asimismo, por el presunto “incumplimiento de deber constitucional” y de su ley orgánica, por no haber presentado un informe anual ante el Congreso, y por la “filtración” de información sobre un procedimiento disciplinario que el organismo sigue contra la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
A fines de septiembre, el pleno extendió por 14 días adicionales el plazo de esta pesquisa a pedido de la Comisión de Justicia. Durante el proceso, la comisión recibió los descargos de los juristas, así como de la propia Benavides y del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien señaló que el proceso se abrió con base en “una serie de especulaciones”.
La relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, se declaró preocupada ante “la posible aprobación [de este] informe que recomienda remover a la totalidad de los miembros de la JNJ mediante un mecanismo sumario”.
“La JNJ cumple el papel de un consejo judicial, que son órganos importantes para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes. El derecho a un juicio justo conlleva el requisito de un juez imparcial, íntimamente ligado al libre e independiente desempeño de la JNJ”, señaló en un comunicado.
La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señalaron, por su parte, que, si los magistrados son destituidos, “se materializará una alteración del orden constitucional”.
Anteriormente, los representantes de la ONU ya habían expresado la misma preocupación ante la investigación, por lo que la Cancillería convocó al coordinador residente en Perú, Igor Garafulic, para “transmitirle formalmente la extrañeza” del Gobierno por ese pronunciamiento.