El presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo, intentó marcar distancia de la decisión del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de restringir el acceso a la prensa al juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur.
“En este momento los juzgamientos a presidentes de la República se están transmitiendo vía la señal de Justicia TV. Sin embargo, esto en algún momento podrá hacerse de manera directa. La principal desventaja que existe en este momento es el aforo. Y, además, quiero dejar en claro algo: Quien decide cómo se va a desarrollar la audiencia es la presidenta o presidente de la sala que lleva adelante la audiencia”, indicó Arévalo en la ceremonia suscripción del convenio entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para la instalación de una sala de audiencias en el Penal Barbadillo.
En ese sentido, el presidente del PJ reiteró que es el tribunal a cargo del caso la instancia que determina si el juicio oral se desarrollará con presencia de los medios de comunicación o no. Adelantó que se van a imponer “sentencias justas” en caso el colegiado comprueba que Toledo Manrique incurrió en lavado de activos y/o colusión.
“Eso es importante que se tenga en cuenta porque he visto unos reclamos, incluso se me ha llamado por qué no podían acceder al juzgamiento de un expresidente (Alejandro Toledo). La señora presidenta de ese colegiado ha dicho cómo se deben hacer las cosas. Y vuelvo a decir algo que siempre he repetido: si el presidente de la sala dispone que se realice de determinada forma, así debe hacerse. Por lo demás, los procesos siempre se van a publicitar a través de Justicia TV y, sobre todo, la ciudadanía debe tener claro que se van a dictar sentencias justas, respetando el debido proceso, por supuesto, siendo severos, si es que se incurrió (...) en un delito”, agregó.
Javier Arévalo lamenta situación de expresidentes
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, reconoció que “suena un poco duro” decir que en el Perú no se ha dado el caso de que un exmandatario no haya sido procesado por presuntos delitos en el cargo.
Por ejemplo, Alberto Fujimori está preso por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, mientras que Alejandro Toledo afronta un juicio oral por el caso Interoceánica Sur. En tanto, Alan García estaba incluido en el caso Metro de Lima, mientras que Ollanta Humala también afronta juicio oral por presuntos aportes de Odebrecht.
Pedro Pablo Kuczynski también es investigado por el caso Odebrecht. Los últimos casos de presidentes acusados de delitos en el cargo son Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva por el fallido golpe de Estado y por presunta organización criminal, y Dina Boluarte, quien es investigada por las decenas de muertes y miles de heridos en las protestas antigubernamentales.
“Suena un poco duro, pero el Perú es el país que tiene más presidentes involucrados (en la comisión de presuntos delitos). Hace años, no hay un solo presidente que no tenga la posibilidad de terminar detenido o condenado. Los motivos, en su mayoría, están vinculados con la corrupción. Pero lo que en este momento nos importa es contar con unas instalaciones adecuadas para este juzgamiento y también que se pueda acceder al proceso, conociendo de cerca cómo se desarrolla el mismo”, sostiene Javier Arévalo.
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