El premier Alberto Otárola informó este miércoles que mantuvo una reunión con la titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, para expresarle su “seria discrepancia” por admitir a trámite las demandas del fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, y de Florindo Flores Hala, ‘camarada Artemio’, miembro histórico de Sendero Luminoso.
“Este hecho ofende la memoria de miles de compatriotas cruelmente asesinados por estos grupos delincuenciales. [...] Todos los criminales que cometieron reiteradas acciones terroristas vienen cumpliendo justas condenas tras ser los causantes de la historia más sangrienta del pasado reciente”, dijo desde Washington durante un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Otárola señaló que, por ese motivo, la administración peruana ha solicitado a la CIDH el archivamiento sumario de ambos petitorios. “Los casos de probables beneficios a terroristas reabren heridas que aún no han terminado de sanar en nuestra sociedad [...] Estos asesinos sentenciados por terrorismo buscan sorprender a la jurisdicción supranacional”, consideró.
El exlíder de MRTA y el de Sendero Luminoso presentaron demandas al órgano autónomo de la OEA porque consideran que sus derechos fundamentales fueron violados durante sus detenciones y condenas. Asimismo, alegan injustas condiciones carcelarias.
Otárola pidió desestimar ambas solicitudes en una reunión en la que participó el relator para el Perú, Stuardo Ralón, y la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum. La demanda de Polay Campos, condenado a 35 años de cárcel, fue admitida en marzo de 2022, pero recién se hizo pública en Lima a inicios de septiembre.
Entonces, la presidenta Dina Boluarte remarcó que “ni un solo sol del erario público” sería destinado “para pagar a terroristas”, en referencia a la pretención del líder de MRTA, la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que se cobró la vida de 69.000 víctimas.
Por su parte, el requerimiento del ‘camarada Artemio’, dirigente del Comité Regional Huallaga de Sendero Luminoso, fue aceptada en agosto del 2022. Solo seis meses atrás había sido detenido por las fuerzas de seguridad, tras lo cual fue condenado a cadena perpetua por los delitos de terrorismo agravado, narcotráfico y lavado de activos.
La captura de este líder regional significó la derrota de la organización terrorista, que en 1992 vio caer a casi toda su cúpula con el arresto en Lima de su líder y fundador, Abimael Guzmán, quien estuvo en prisión hasta su muerte, en septiembre de 2021.
‘Artemio’ se incorporó en 1962 al Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Tanques de la ciudad de Locumba, en Tacna, y dejó el servicio a finales de 1980, cuando Sendero hizo su aparición pública en el proceso electoral de ese año.
Salió formado en armas y en 1984 fue visto en el Huallaga, donde se concentraba la actividad de las mafias del narcotráfico. Así como Polay Campos, el líder senderista se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.
En 2014 pidió la nulidad de la sentencia de cadena perpetúa que se le impuso a mediados del año anterior y que se le someta a un nuevo juicio. “Admito haber sido secretario político y miembro del comité central de la organización, pero no soy narcotraficante ni he lavado dinero”, dijo entonces.
De igual modo, alegó ser “un mando político y no un mando militar” con lo que buscó desmarcarse de las 39 muertes que le imputaba la Procuraduría antiterrorista mientras se mantuvo en la dirección de la banda armada.
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