El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, declaró este miércoles que aguarda que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) sea sentenciado por los delitos de rebelión y corrupción, que lo llevaron a prisión preliminar desde diciembre pasado.
“Esperamos que la justicia del Perú, que en este caso es independiente, pueda actuar de manera inmediata para eliminar la impunidad”, dijo desde Washington durante un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El primer ministro señaló que Castillo se encuentra recluido, en principio, “por traicionar los intereses de los peruanos”, una acción “que se configuró en el golpe de Estado [y] el perjuicio de nuestro compromiso internacional a través de la Carta Democrática Interamericana”.
“Por si no hubiera quedado claro [...] igualmente está en prisión por serias acusaciones de corrupción de su gabinete, su entorno y de él mismo. En ese sentido, el Gobierno de Dina Boluarte reafirma su vocación democrática y expresa que seguirá reforzando la presencia del Perú en el Sistema Interamericano”, señaló.
Otárola agradeció al organismo por “estar presente” cuando el país transitaba “momentos críticos en los que la democracia se vio amenazada por pronunciamientos de facto”, y también por sumarse al “rechazo internacional” al fallido autogolpe.
En la sesión extraordinaria estuvo presente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como los ministros Eduardo Arana (Justicia y Derechos Humanos), Ana Gervasi (Relaciones Exteriores) y Leslie Urteaga (Cultura).
El mes pasado, la propia Boluarte había culpado a su exsocio político de la crisis política desencadenada desde entonces, lo calificó de “asesino” y pidió “que responda por las muertes” que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales.
“El asesino está bien preso ahí en la Diroes, que él responda por las muertes. Dina va a responder al pueblo con obras, con trabajo, con decencia y en esta lucha frontal contra la corrupción”, bramó visiblemente molesta.
Castillo cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por el autogolpe y otros 36 meses mientras es investigado como presunto líder de una red de corrupción durante su gobierno.
Luego de su destitución, las movilizaciones de protesta contra Boluarte convocaron a miles de personas y hubo un total de 77 fallecidos registrados, de los cuales 49 murieron por enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.
En su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia empleada por las fuerzas de seguridad y aseguró que ha encontrado casos de ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho.
En su alocución ante la ONU, Otárola aseguró que el Gobierno se ha comprometido a “investigar los hechos que causaron lamentables muertes” entre diciembre y enero pasado, aunque mencionó que ocurrieron “en un escenario de violencia generalizada” provocada por “grupos extremistas” ajenos a los manifestantes pacíficos.
Por estos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación contra Boluarte, acusada de presunto genocidio, homicidio y lesiones graves, e implicó también al primer ministro, a su antecesor, Pedro Angulo, a los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes, así como al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
A fines de septiembre, la mandataria ratificó ante la Fiscalía las declaraciones que ya dio en junio pasado y pidió que se cierre la pesquisa. Su abogado Joseph Campos declaró que durante el interrogatorio, que se desarrolló durante una hora y media, su defendida reiteró que “nunca existió una relación directa con los hechos”.
“Lo que hemos hecho nosotros es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración [de junio] se extiendan a las demás y ya no queremos seguir desarrollando [el tema] por respeto precisamente a las víctimas, que no necesitan un show, que no necesitan algo raro, sino que se investigue con seguridad y objetividad”, sostuvo.