El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sentenciado a tres años y seis meses de cárcel por el delito de colusión cuando fue gobernador de Junín (2011-2014), no se entregará a la justicia por ahora, ratificó este martes su abogado Luis Mayhuay en una entrevista difundida en Canal N.
El letrado señaló que Cerrón se pondrá a disposición del Poder Judicial una vez que sea resuelto el recurso de casación presentado ante la condena por el caso Aeródromo Wanka, conocido así por la suscripción de un contrato para la construcción de una terminal aérea sin considerar el pronunciamiento en contra del Ministerio de Economía.
“Después de que la sala penal dé razón o no, tomaremos las decisiones, [...] Como abogado, he indicado que esperemos esta respuesta [...] y la sugerencia [entonces] sería que se entregue para continuar el trámite de la casación”, agregó.
Mayhuay aseguró que no ha mantenido contacto con su patrocinado en los últimos días, pese a que él se pronuncia desde la clandestinidad y hasta ha calificado de “incapaz” al jefe de la división de investigación de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, por no detenerlo.
“Sobre su actuación política no tengo mayor conocimiento. A mí me han llamado para asumir la defensa al rededor de un año atrás. Sobre la forma en que se está comunicado a través de las redes sociales no podría decir nada, pero sí que cuando recibió la condena expresó su desazón. Estaba muy preocupado porque sentía que era una persecución política y tenía temor”, comentó.
En febrero pasado, un tribunal de primera instancia dictó cuatro años de prisión contra el político, aunque entonces se precisó que la condena solo se cumpliría si era ratificada por una instancia superior. Para Cerrón, la decisión judicial ha sido “arbitraria” y tendría como intención final impedir que postule a la presidencia en los comicios de 2026.
El Ministerio del Interior ofrece 100.000 soles de recompensa a quien brinde información que permita su detención y la Interpol activó una notificación azul para localizarlo en 194 países. En la víspera, además, el jefe de la sede en Perú, Aldo Ávila, informó que ya se había tramitado un pedido de alerta roja internacional.
Esta última implica un pedido expreso de captura, mientras que la notificación azul sirve para localizar o identificar a una persona que presente un interés para una investigación policial, u obtener información sobre ella.
El juez supremo Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, exhortó al exgobernador a ponerse a disposición de las autoridades. “Yo espero que se siga el procedimiento que corresponde. El señor Cerrón sabe que tiene derecho a un debido proceso, entonces yo lo exhortaría a que se entregue. Acá se respeta su derecho”, dijo.
La exprocuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma deslizó que se habría desplazado a Junín, la región que gobernó “y que está muy cerca” del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera del país, una zona donde delinque el último reducto de Sendero Luminoso.
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