Fiscalía reafirma condena contra responsables del asesinato de líder asháninka en Junín

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín ha logrado que se confirme, en segunda instancia, las órdenes de prisión preventiva por nueve meses contra Neto Prado Palomino y Jesús Sulca Huamán, investigados por el asesinato del líder asháninka, Santiago Contoricón Antúnez.

El dirigente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), reconocido por su lucha histórica contra miembros del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno (1980-2000) en la selva central, que fue asesinado de cinco balazos en su casa a inicios de abril en la comunidad nativa Puerto Ocopa, situada en la provincia de Satipo, Junín.

En primer lugar, la decisión ratifica, en primera instancia, la necesidad de las medidas de coerción contra los procesados, es decir, garantizar su presencia mientras continúan las investigaciones, además de asegurar el cumplimiento de la futura pena, cuando esta se declare respectivamente.

En ese sentido, con ello, la ratificación de la condena contribuirá a esclarecer las circunstancias de la muerte del líder asháninka y defensor de los derechos humanos de las comunidades nativas de Río Tambo frente a los grupos ilegales dedicados al narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal que operan en dicha zona.

Acerca de este punto, las autoridades han informado que Sulca Huamán se mantiene como principal imputado, pues, el sujeto no solo sería el autor intelectual, sino también encabezaría la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la región vinculada al caso.

Mientras que Neto Prado Palomino sería el autor de los disparos que ocasionaron el deceso del dirigente indígena. Por tal motivo, se le acusa por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Como se recuerda, el Ministerio Público comunicó que, el crimen cometido contra Contoricón Antúnez se habría dado en represalia por la información que el líder indígena brindó a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, con el propósito de lograr la incautación de 200 kilos de cocaína cerca de su localidad, ubicada en el distrito de Río Tambo, Junín.

Según el informe “Una década de resistencia. Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo”, elaborado por la ONG internacional Global Witness, más de tres cuartas partes de los ataques registrados contra líderes indígenas, que ejercían una labor como defensores ambientales, ocurrieron en Latinoamérica.

De los países que conforman el continente, en Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía. En el caso del Perú, solo entre 2012 y 2021, se alertó sobre 51 asesinatos contra defensores en la zona peruana.

Por otro lado, a dicha problemática, se suman los ataques contra los pueblos indígenas, sobre todo, en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas.

Ante ello, el país ha establecido, desde 2021, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la creación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, cuya función asegurar la vida y acceso a la justicia de este grupo poblacional en riesgo. No obstante, de acuerdo a los análisis de distintos organismos y asociaciones pro derechos humanos, este aún presenta varias falencias para proteger la integridad de los líderes indígenas.