El último lunes, el gobierno de Dina Boluarte anunció sobre la aprobación de un decreto legislativo que endurece las penas por robo de celulares en Perú. Al respecto, Infobae Perú consultó con algunos especialista sobre qué tan factible sería esta medida que busca combatir el comercio ilegal de teléfonos móviles.
Aunque hasta el momento, la medida acordada en el Consejo de Ministros no ha sido oficializada en el boletín del diario oficial El Peruano, ya ha tenido algunas críticas. El abogado penalista Ronald Vílchez consideró que la decisión gubernamental “es una solución populista, facilista que intenta abusar de la impresión de la sociedad”.
El letrado indicó que la modificación en el Código Penal no ayudará a reducir los niveles de incidencia de robos de los dispositivos móviles.
“Podría dar la apariencia de que algo se está haciendo, de que el gobierno se preocupa; pero a la larga no es una medida efectiva. El aumento de la pena no es una medida que haya demostrado solucionar problemas, ni siquiera erradicar o disminuir la cantidad de conductas delictivas”, sostuvo.
“Y es que se piensa que, aumentar la pena podría generar un efecto preventivo o que estaríamos frente a un delincuente que siempre es racional. El delincuente no dice: no, no voy a cometer ese delito. Sabemos que no funciona así”, dijo Vílchez para este medio.
¿Sancionar a quienes compran y revenden celulares robados sería una solución?
Como se ha denunciado en anteriores ocasiones, la Policía ha identificado diferentes puntos de compra y venta de estos dispositivos móviles de procedencia delictiva, lo cual contribuye a que este delito repunte cada año en las cifras.
En los primeros seis meses de este año, cerca de 900 mil teléfonos móviles fueron reportados como robados. Una gran cantidad de estos dispositivos de última generación terminan en el centro comercial Las Malvinas, ubicado en el Cercado de Lima, donde se venden una amplia variedad de marcas a precios variados, según información de Osiptel.
Al respecto, el abogado señaló que si bien, el Ejecutivo podría considerar— dentro del decreto— una sanción penal contra quienes compren y vendan celulares hurtados, sería innecesario debido a que existe el Artículo 194.
El que adquiere, reciba en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a noventa días de multa.
“Al adquirir un celular en un mercado negro, estamos conscientes de que allí se comercializan productos robados. Por tanto, estamos incurriendo en un delito. No obstante, observe que la redacción del artículo es bastante amplia. Engloba a aquellos que adquieren, reciben donación, emprenden o guardan, e incluso ayude a negociar. Es claro que se puede castigar”, añadió Vílchez.
Cabe mencionar que, la medida anunciada por el premier Alberto Otárola señala que también se castigará severamente la modalidad de receptación. “Entendida como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes”, menciona la nota de prensa del Ejecutivo.
“En el Perú, es más grave robar que matar”
Si consideramos el homicidio homicidio simple, definido en el Artículo 106, implica una pena de 6 a 20 años de cárcel, pareciera que “se valorara más las cosas materiales que la vida del ser humano”, indica el abogado.
“El mensaje (del decreto del gobierno peruano) sería el siguiente: En el Perú, es más grave robar (un celular) que matar o que valoramos más un celular que una vida”, mencionó.
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